VENTANA FISCAL

VENTANA FISCAL: Bajo la gravedad del juramento

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VENTANA FISCAL: Bajo la gravedad del juramento

Osvaldo Lau C.

OPINIÓN

Estamos en la “zafra” de los contadores, que llega con las declaraciones juradas de renta (DJR), aunque muchas veces se toman a la ligera sin considerar que se trata de un documento sujeto a cumplir con todas las disposiciones fiscales.

Precisamente, el formulario de las DJR incluye, y así consta, un texto advirtiendo que se trata de un documento que se emite bajo la gravedad del juramento por parte del contribuyente, en concordancia con el artículo 710-A del Código Fiscal que dice así:

“El contribuyente bajo la gravedad de juramento, declara que al imputar un costo, gasto o ingreso tanto de fuente panameña como de fuente exenta o extranjera, lo hace cumpliendo con todas las disposiciones legales, reglamentarias y de cualquier tipo, vigentes en la República de Panamá, incluyendo todas la retenciones sobre los pagos efectuados de manera directa, a través de interpuesta persona o por cualquier otra vía, a beneficiarios radicados en el exterior”.

Del texto anterior rescatamos la frase que quien firma lo hace “cumpliendo con todas las disposiciones legales, reglamentarias y de cualquier tipo”, porque implica que el contribuyente debe estar consciente del contenido de la declaración de rentas o confiar plenamente en el conocimiento, experiencia y profesionalismo de quien confecciona y refrenda la declaración. Además, el firmante debe tener presente la obligación de hacer las retenciones (del impuesto sobre la renta) a que está obligado hacer sobre los pagos efectuados, por cualquier vía, por servicios recibidos de beneficiarios domiciliados en el exterior. Para cumplir con las disposiciones sobre pagos o remesas al exterior el contribuyente deberá tener presente el literal e) del parágrafo 1 del artículo 694 del Código Fiscal, según la modificación introducida por la Ley 27 del 4 de mayo de 2015 (GOD 27772-A).

Como quiera que los representantes legales de las miles de sociedades panameñas no conocen las tantas leyes fiscales que se deben tener en cuenta para cumplir con el juramento señalado, quedan obligados a confiar en quienes confeccionan las DJR y que en no pocas ocasiones igual desconocen los vericuetos fiscales. Veamos algunas consideraciones del caso:

Quién está obligado a presentar DJR - de acuerdo con el artículo 710 del Código Fiscal (CF), queda obligada toda persona que haya obtenido rentas durante el año gravable anterior. Además de las pocas excepciones de que trata el mismo artículo, podemos concluir que quien no haya obtenido rentas no está obligado a presentar el documento de marras, aunque su omisión crea problemas secundarios.

Plazo para presentar las DJR - las personas naturales o físicas tienen plazo hasta el 15 de marzo, y las personas jurídicas hasta el 31 de marzo, salvo que tengan autorización de período especial. El artículo 710 permite solicitar la prórroga de un mes antes del vencimiento del plazo normal, evitando así la multa por declaración tardía.

Plazo para pagar - el impuesto sobre la renta y el impuesto Aviso de Operación que resulten de la DJR deben pagarse a más tardar el 31 de marzo, independientemente de la prórroga para presentar las DJR. Lo menos que se debe hacer es un estimado y pagarlos dentro del plazo a fin de evitar recargos e intereses por morosidad.

Rectificar – para corregir errores en la DJR ya presentada se utiliza una declaración rectificativa que deberá hacerse dentro del plazo de 36 meses, cuyo costo es de 100 dólares para las personas naturales y de 500 dólares para las personas jurídicas y solamente se podrá rectificar una vez por período fiscal.

Cápsula fiscal: aunque el aludido juramento está dirigido expresamente al contribuyente colmo tal, el artículo 752 del CF extiende la responsabilidad a quien participa en actos como cómplice, padrino o encubridor simulando actos o pérdidas que impliquen una disminución en los impuestos a pagar o cuando se declaren ingresos o utilidades menores a los obtenidos o se realicen deducciones falsas con fines tributarios. Es decir que la defraudación fiscal igual aplica a los que confeccionan y refrendan las DJR, quedando pendiente las consecuencias por el “mal practice”.

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