VENTANA FISCAL

VENTANA FISCAL: La solicitud de no aplicación del CAIR

Canary Wharf la plaza financiera de Londres. Canary Wharf la plaza financiera de Londres.
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OPINIÓN

Haciendo un poco de historia, el CAIR nació con la Ley 6 de febrero de 2005, que fuera modificada con la Ley 8 de marzo de 2010, con el fin de cobrar un ISR a aquellas personas que no contribuían con el Tesoro Nacional por efecto de declarar pérdidas en forma recurrente o ganancias reducidas a juicio de las autoridades fiscales.

Las normas sobre el CAIR obligan a toda persona jurídica, siempre que haya obtenido ingresos gravables por más de un millón y medio de dólares en un período fiscal, a calcular el impuesto sobre la renta (ISR) aplicando la tarifa que le corresponda sobre la renta neta gravable determinada bajo las normas generales establecidas para este impuesto, o sobre una presunta renta neta gravable que resultará al aplicar 4.67% al total de sus ingresos gravables y que se conoce como el cálculo alterno del impuesto (CAIR).

El mayor de los dos será el ISR a pagar, que igual se repite en la renta estimada del período.

En el campo agropecuario o en el agroindustrial, siempre según el Código Fiscal, el CAIR responde al 3.25% sobre el total de los ingresos gravables.

Pero este es un enredo que trataremos en detalle en otra ocasión.

Ahora bien, las mismas disposiciones legales sobre esta modalidad tributaria otorgan a la persona afectada el derecho a solicitar la no aplicación del CAIR.

Ello está establecido en el parágrafo 1 del artículo 699 del Código Fiscal (CF) en los casos en que el monto del ISR producto del CAIR le ocasione pérdidas, o cuando la tasa efectiva sea superior a las tarifas generales establecidas, entendiéndose por tasa efectiva el porcentaje resultante al dividir el ISR-CAIR causado entre la renta gravable según la define el artículo 695 del CF. Sin embargo, los legisladores se olvidaron de incluir en el CF (la ley) la fecha para presentar la solicitud. En su auxilio llegó el Decreto Ejecutivo 98 de 2010, de jerarquía inferior, modificando el artículo 133-F del DE-170 (el reglamento del ISR) que en su primer párrafo dice así: “El contribuyente tendrá que presentar la solicitud de no aplicación a más tardar noventa (90) días calendarios contados a partir del cierre del período fiscal del contribuyente. En caso de que el contribuyente no presente su solicitud dentro del plazo antes mencionado y el monto a pagar en base al método tradicional sea menor, tendrá que pagar el impuesto con base en el cálculo establecido en el numeral 2 del párrafo sexto del artículo 699 del Código Fiscal.

Aquellos contribuyentes que soliciten prórroga para la presentación de sus declaraciones de renta estarán facultados para presentar la solicitud de no aplicación en la fecha en que presenten su declaración de renta.

Del texto copiado resulta definitivo que el contribuyente dispone de 90 días para presentar la solicitud de no aplicación del CAIR, siendo hasta el 31 de marzo aun cuando haya presentado la declaración de rentas antes de esa fecha. Solamente en caso de prórroga el contribuyente deberá presentar la solicitud en la misma fecha en que se presente la declaración de renta, situación que genera problemas administrativos o de procedimiento.

No obstante lo anterior, la Resolución 201-16415 de 21 de noviembre de 2013 pretende obligar a todo contribuyente que caiga en el CAIR a presentan su solicitud de no aplicación del CAIR “junto con la declaración jurada de rentas”, sin hacer excepción de quienes hayan presentado tal declaración antes del 31 de marzo sin haber recurrido a la prórroga. Siguiendo la jerarquía de las normas, esta resolución carece de fuerza legal al contravenir el DE-170.

Si el orden jurídico o la jerarquía de las normas (véase La Pirámide de Kelsen, Ventana Fiscal de La Prensa, 4 de diciembre del 2011), establece que las normas establecidas por un poder superior priman y no pueden modificarse ni dejarse sin efecto por una autoridad u organismo inferior, la Resolución 201-16415 no tiene efecto y prima el DE-98.

Esta jerarquía ha sido aceptada en casos atendidos y fallados por la ANIP (antes DGI) y por el Tribunal Administrativo Tributario.

Queda preguntar si el contribuyente podrá confiar en la correcta aplicación del derecho fiscal.

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