finanzas públicas

Venta de activos públicos, remedio o enfermedad

El Gobierno manifestó esta semana su intención de vender las acciones que posee en las empresas mixtas. El presidente Ricardo Martinelli se refirió en concreto a las acciones de la empresa de telecomunicaciones Cable & Wireless, en la que el Estado tiene una participación del 49%. “Hay que ir pensado en soluciones innovadoras como esa”, dijo.

El ministro de Economía, Frank De Lima, recordó que desde el principio de esta administración se ha estudiado esta posibilidad, y que, de hecho, se contrató a la firma MBA Lazard para conocer el valor de las acciones del Estado en las empresas mixtas.

Se trata de 10 compañías de los sectores logístico, energético y de telecomunicaciones que fueron privatizadas durante el Gobierno de Ernesto Pérez Balladares. Los recursos obtenidos producto de la privatización se ahorraron en el Fondo Fiduciario para el Desarrollo.

Como en el caso de otros anuncios hechos por el Gobierno, hay muchos detalles que se desconocen: no se ha revelado cuál es el valor de las acciones del Estado, cómo se produciría la venta, ni a qué se destinarían los ingresos.

El ministro De Lima dijo que “a la fecha no tenemos nada definido porque estamos enfocados en el Fondo Soberano, pero creo que a futuro la ´democratización´ del capital sería algo positivo para el país”.

El anuncio coincide en el tiempo con la aprobación en el Consejo de Gabinete de un anteproyecto de Ley que permite al Gobierno vender las tierras de la Zona Libre de Colón.

Con estas dos operaciones, el Estado obtendría grandes sumas de dinero en el corto plazo, pero dejaría de recibir el ingreso constante de los alquileres –que se calcula en $25 millones anuales– y de los dividendos de las empresas mixtas –que en 2010 fueron de unos $150 millones–.

El Gobierno incluyó $100 millones en el presupuesto de este año por la venta de las tierras de Zona Libre cuando ni siquiera se sabe si se efectuarán. Algunos abogados han dicho que esa operación violaría la constitución porque la zona franca ocupa rellenos marinos y la titularidad de estos debe ser estatal.

Otros economistas advierten de la posible falta de liquidez en las arcas del Estado. Para este año, el Gobierno había previsto un déficit fiscal de 1.9% del producto interno bruto cuando elaboró el presupuesto, pero cuando apenas han pasado dos meses y medio de la vigencia fiscal, elevó la proyección de déficit a 2.5%.

Según la Ley de Responsabilidad Social Fiscal –que marca límites al endeudamiento público–, el máximo permitido este año es 2.7%.

Una de las voces en contra de la venta del patrimonio del Estado es el economista Rolando Gordón.

El profesor universitario dijo que no ve ninguna sustentación lógica para vender las acciones en momento en que el Gobierno tiene suficientes ingresos tras las dos reformas fiscales realizadas, y añadió que se debe tener capacidad para resolver las necesidades de la gente.

Sí a la venta, pero con condiciones

Economistas de otra corriente de pensamiento sí avalan la venta de las acciones de las empresas mixtas, pero si la operación se da con ciertas condiciones de transparencia y los ingresos no se malgastan. Felipe Chapman, socio de la consultora Indesa, dijo que “el Estado debe vender las acciones de las empresas de servicios públicos privatizadas, pero siempre y cuando el producto de la venta vaya al Fondo Fiduciario o al nuevo Fondo Soberano. Lo contrario, es decir, que se utilice para gasto o inversión sería un despropósito y muy inconveniente para el país”.

El Gobierno no ha mencionado en ningún momento que los ingresos generados se ahorrarían. De Lima apuntó a la posibilidad de que se utilicen para reforzar el presupuesto de la nueva entidad que gestionará el agua en el país. “Para que esta autoridad tenga un impacto positivo, hay que dotarla de recursos... Hemos tratado de adelantar inversiones en infraestructuras que han sido postergadas por épocas. Todos hemos visto la consecuencia de ese abandono. En los próximos 5 o 10 años tenemos que hacer una inversión de cerca de mil millones de dólares”, apuntó el ministro.

El expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, Rubén Castillo, convino que si los recursos se utilizan para resolver problemas estructurales, sería beneficiosa la venta, pero “si es para financiar la actividad cotidiana del Estado y la planilla, no tendría ningún sentido”.

Otra de las sugerencias que se le hacen al Gobierno es que la misma operación de venta de las acciones sea abierta, transparente y sin requisitos de entrada elevados para que un amplio abanico de ciudadanos pueda participar en la compra.

De esta forma, según Juan Martans, comisionado de la Comisión Nacional de Valores de Panamá, “se desarrolla el mercado local y se consigue un sentido de pertenencia real a las empresas”.

Bien gestionados, los ingresos por la venta de las acciones de las empresas pueden ser parte del remedio de algunos de los problemas que padece el país. Una mala administración, por el contrario, no hará sino prolongar la enfermedad.

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