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VALOR RAZONABLE

Venta del remanente de las acciones eléctricas

OPINIÓN.

Durante la discusión en segundo debate en la Asamblea Nacional del proyecto de ley 486 que modifica el marco regulatorio e institucional para la prestación de servicios de electricidad (Ley 6 de 3 de febrero de 1997), sorpresivamente se introdujo una propuesta con el objetivo de modificar el proceso de venta de la participación del Estado en las empresas eléctricas (generación y distribución), y se anunció la intención del Ejecutivo de vender su participación.

Argumentos válidos que esgrime el Ejecutivo: a) Evitar el conflicto de interés que representa que el Estado sea socio y regulador al mismo tiempo. El Estado, siendo únicamente regulador, puede alcanzar mejor su objetivo social. b) Fomentar el desarrollo del mercado local de valores, al poner a disposición del público nuevas opciones de inversión. Sin embargo, la premura de la modificación y la ausencia de debate han empañado una decisión que, consensuada y debatida, pudo haberse evaluado como positiva. Adicionalmente, la poca claridad que existe hasta el momento sobre el tema le puede restar validez a los argumentos del Ejecutivo.

La propuesta se centra en la modificación del artículo 48, el cual indicaba que las acciones remanentes (las que tiene el Estado) podrían venderse mediante los procedimientos de bolsa de valores o subasta con un límite de 5% por comprador.

Hemos escuchado que la modificación establece que la venta se hará a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. (BVP) y que tendrá un máximo de 1.0% por comprador. Creemos que debe haber una confusión, pues la Ley no puede discriminar y darle un monopolio a una empresa privada, como lo es la BVP. Por otro lado, desarrollar una venta masiva, atomizada y con restricción de tenencia, es engorroso bajo la estructura regulatoria y operativa que rige actualmente en el mercado. Por lo que el objetivo de que el panameño común sea dueño de estas acciones en paquetes pequeños es solo utópico. Igualmente, ¿qué mecanismos se utilizarían para que no se exceda el límite de tenencia de 1% por inversionista?, si solo se puede verificar la tenencia de las acciones una vez liquidada la transacción. Otro aspecto que nos preocupa es el destino de los fondos producto de la venta. En una empresa, cuando se toma la decisión de vender un activo se hace un análisis de sustitución del activo, evaluando la rentabilidad de la nueva inversión. Sería conveniente que el Ejecutivo primero indique en qué infraestructuras va a invertir, cuáles son los costos de esos proyectos y luego, sobre esos requerimientos, ir colocando en el mercado de acciones, de manera que sepamos el destino de los fondos y la rentabilidad de los mismos. Siendo optimista, el Ejecutivo aún tiene oportunidad de enmendar y a través del consenso y el debate conjugar los objetivos de evitar conflicto de interés, desarrollar el mercado de valores local y tener recursos para financiar las necesarias infraestructuras que demanda nuestro desarrollo económico.

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