VENTANA FISCAL

Los cambios en los equipos fiscales

OPINIÓN.

Si la implementación de los equipos fiscales es una necesidad urgente planteada por las autoridades fiscales como instrumento de fiscalización, también son urgentes las respuestas que requiere el sector privado ante las justificadas dudas sobre quiénes están obligados y quiénes exceptuados, y sobre lo que realmente se debe hacer.

Las respuestas ofrecidas al margen de las normas, solamente, han servido para aumentar el nivel del pánico colectivo. Todo un trauma.

Ahora con el reciente proyecto de Ley Nº 375, presentado a la Asamblea Nacional el pasado 11 de agosto, al fin parece salir la luz al final del túnel al modificarse algunas medidas y agregarse otras a la Ley 76 de 1976, homologándola (utilizando el término de moda) con las condiciones divulgadas previamente por las autoridades fiscales.

Eso no quiere decir que todo está resuelto ni que complace las aspiraciones del sector privado, pero es un cambio importante, necesario y oportuno.

Falta ahora la divulgación por parte de los funcionarios de la misma Dirección General de Ingresos (DGI) para despejar las dudas que seguirán en el ambiente.

Las novedades que trae el proyecto de Ley 375 intentan adecuar las normas sobre la obligación de expedir factura o documento equivalente, como respaldo a los ingresos gravables, mediante la implementación de los equipos fiscales.

Aun cuando estamos obligados a esperar que el proyecto se haga ley de la república, podemos resumir los cambios en la siguiente forma:

1. Es obligatoria la expedición de factura o documento equivalente para toda transferencia, venta de bienes o prestación de servicios, realizada por personas residentes en Panamá que devenguen rentas sujetas al Impuesto Sobre la Renta (ISR), sin importar la forma de ejecución de la transacción, la nacionalidad y la forma o lugar de pago.

2. La numeración de los documentos será consecutiva y única por punto de facturación.

3. La factura o documento deberá tener impreso el logotipo fiscal.

4. Los compradores serán sancionados con una multa en caso de que a la salida del local o establecimiento comercial no porten la factura de compra o el documento equivalente.

5. Todo documento sobre transferencias, ventas o prestación de servicios deberá ser emitido por los equipos fiscales autorizados por la DGI, con las pocas excepciones que señala el parágrafo 2 del Artículo 12 de la misma Ley 76/76.

6. Se extiende la excepción de utilizar los equipos fiscales a todo el sector agropecuario, en reemplazo del anterior y limitante término agrícola, siempre que sus ingresos brutos gravables anuales sean menores de 250 mil dólares.

7. También se incluye dentro de las excepciones el servicio aéreo de transporte público de personas.

8. Se amplía la excepción al ejercicio de profesiones liberales realizadas a través de sociedades civiles; quedaron en el olvido los oficios (servicios no profesionales).

9. Quedan exceptuadas las actividades de distribución o venta de mercancías y servicios ambulatorios a domicilio, realizadas a través de agentes de ventas por medio de rutas asignadas; ya les tocará el turno con impresoras fiscales portátiles.

10. También se ofrece la excepción a la actividad de arrendamiento de inmuebles, siempre que los contratos estén notariados o inscritos en el Ministerio de Vivienda y que sean administrados por sus propietarios.

11. Igual quedan por fuera de los equipos fiscales las actividades de las asociaciones de copropietarios de propiedades horizontales relacionadas con el cobro de las cuotas de mantenimiento.

12. Cualquier otra actividad a juicio de la DGI; es importante dejar la puerta abierta ante cualquier situación no contemplada.

13. Se amplía la utilización del crédito fiscal dimanante de los equipos fiscales, pues se podrá aplicar al pago de otros impuestos, salvo el ITBMS por ser un impuesto de retención a terceros o ceder a otros contribuyentes.

Advierto que, por ser un proyecto de ley, aún se deben esperar los muy probables cambios que pueda introducir la Asamblea Nacional, donde podrán estar presentes los gremios afectados defendiendo sus particulares intereses, pues en materia tributaria cada quien vela por sus propios intereses.

La fecha de 30 de septiembre se mantiene inalterable. Es más, el proyecto en estudio señala que el crédito se concederá por cada equipo comprado e instalado hasta esa fecha.

En esta ocasión, no se hace buena la frase bíblica que proclama que los últimos serán los primeros... pues ellos serán sancionados, ya que parece que no hay equipos para tanta gente.

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