Los cabos sueltos en el caso de Cobranzas del Istmo

La empresa mostró como accionista mayoritario a otra compañía y con ello evitó dejar rastro directo de sus accionistas.
Dulcidio De La Guardia Dulcidio De La Guardia

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Alberto Vallarino Alberto Vallarino

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Frank De Lima Frank De Lima

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Luis Cucalón Luis Cucalón

Luis Cucalón

Las cartas ocultas de Cobranzas Las cartas ocultas de Cobranzas

Las cartas ocultas de Cobranzas

Hay dos cosas de las que la Dirección General de Ingresos (DGI) no puede dar fe respecto a la gestión de Cobranzas del Istmo: quiénes son sus beneficiarios finales y si se hizo correctamente el due diligence para contratarla como gestor de cobro de impuestos.

La Prensa supo que en la certificación que exigía la ley para conocer a sus accionistas, los directivos de la empresa mostraron como dueño mayoritario a otra compañía: Limacri Holding, S.A., que puede emitir acciones al portador, lo que complica seguir el rastro de los beneficiarios finales.

Sobre la solvencia moral y técnica de la empresa, solo puede hablar quien la contrató en 2010: Luis Cucalón, que prefirió no declarar.

Hasta el cierre de esta edición se hizo el intento por contactar a los representantes de la compañía, aunque sin éxito.

Las cartas ocultas de Cobranzas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no puede dar garantía de quiénes son los beneficiarios finales de Cobranzas del Istmo S.A., empresa que facturó $47.1 millones por el cobro de impuestos morosos.

La mayor accionista de Cobranzas del Istmo es otra empresa que tiene la facultad de emitir acciones al portador.

Ante este escenario, tal como lo reconoce Publio Cortés, hoy al frente de la Dirección General de Ingresos (DGI), “sabe Dios quiénes serán hoy los dueños” finales. “Es una empresa detrás de otra empresa”, dijo.

Por ahora, todos los nombres visibles detrás de Cobranzas del Istmo tienen como común denominador a la familia Salerno.

Esta empresa está inscrita en el Registro Público desde el 21 de mayo de 2003, No. de ficha 433694.

Desde entonces y hasta el año pasado, la rotación de la junta directiva se dio en repetidas ocasiones, sobre todo entre 2006 y 2008.

Uno de los nombres que figura desde la fundación de la sociedad es el de Cristóbal Salerno, quien fue presidente de Cobranzas del Istmo y compartió puestos directivos en IDS Holding con Luis Cucalón, el exdirector de la DGI y quien firmó el contrato por parte del Estado hace cinco años.

Cobranzas del Istmo se registró en 2003, justamente un año después que Cucalón se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de Sears Panamá y directivo de IDS Holding, al lado de Salerno.

Aunque en mayo de 2006 Salerno aparentemente se desvinculó de Cobranzas del Istmo, para entonces la junta directiva de la sociedad había otorgado poder total a María Alessandra Salerno Gómez.

Entre los movimientos de cargos directivos, entra en noviembre de 2006 Magaly N. Ramos, directora y vocal de la sociedad.

Después de varios cambios, Ramos fue elegida en 2007 como presidenta por los directivos de la empresa. Sería ella quien estaría al frente cuando Cobranzas del Istmo es contratada por la DGI en 2010.

contratación

El numeral 4 del artículo 5 del Decreto Ejecutivo 22 de 17 de marzo de 2010, que reglamenta la contratación de gestores de cobro, establece que una compañía que aspire a ser contratada deberá presentar una “certificación obtenida de un contador público autorizado, donde consten los nombres de los accionistas de la empresa con su respectiva cédula y número de acciones que posee (...)”.

Este medio pudo conocer que el accionista principal de Cobranzas del Istmo era Limacri Holding, S.A. al momento de la firma del contrato.

Esa fue la certificación que mostraron ante la DGI, bajo el paraguas del MEF durante la administración de Ricardo Martinelli.

Esta sociedad fue constituida el 4 de septiembre de 2002 por Manuel Salerno Abad y Cristóbal Humberto Salerno, quien fuera presidente de Cobranzas del Istmo.

A su vez, la presidenta de Limacri es María Alessandra Salerno desde noviembre de 2012.

Sin embargo, se desconoce quiénes pueden ser los beneficiarios finales de Limacri, empresa inscrita con un capital social autorizado de mil acciones sin valor nominal, las cuales pueden ser emitidas al portador.

Los cuestionamientos de este contrato han sido constantes. Pero Cucalón ha dicho en el pasado que “la empresa mostró un informe de 287 páginas y pasó por la inspección del Fondo Monetario Internacional (FMI). No me pueden acusar de nada”.

Durante casi cuatro años Cobranzas del Istmo percibió unos $47.1 millones en comisiones por los cobros que gestionó hasta que la nueva administración de la DGI anuló el contrato con el Estado en octubre de 2014.

La DGI, para ese entonces bajo el liderazgo de Cucalón, habría aprobado el pago de cuantiosas comisiones a favor de la compañía sin que se pueda comprobar que hizo el trabajo para el que fue contratada.

Así se lo hizo saber el MEF a la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, en una carta enviada a su despacho el 26 de enero de 2015.

No hay forma de corroborar cómo la DGI segmentaba los pagos realizados por los contribuyentes, de forma voluntaria, para evitar la acreditación de comisiones injustificadas a Cobranzas del Istmo.

Todos los funcionarios de jerarquía en el MEF, tanto en esta como en la administración Martinelli, tratan de desvincularse del polémico contrato.

En septiembre de 2014 se le preguntó a Cucalón:

¿Cuánto habían pagado en comisiones a Cobranzas del Istmo?

“A mí me interesa lo que cobran, a mí me importa cuánto recupero en cuentas morosas”, respondió, evitando decir las millonarias comisiones a favor de la empresa.

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