VENTANA FISCAL

La descentralización

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La descentralización

Osvaldo Lau C. *

OPINIÓN

El 29 de octubre de 2015 fue aprobada con bombos y platillos la Ley 66 con el fin de reformar, o más bien actualizar, la Ley 37 de 2009 “que descentraliza la administración pública”. Su principal objetivo es la transferencia de la recaudación del impuesto de inmuebles, que seguirá siendo un impuesto nacional, con el fin de fortalecer las finanzas de los diferentes municipios del país. En términos generales los objetivos están consagrados en el artículo 2, el cual señala lo siguiente:

* Hacer eficaz la transferencia de la recaudación del impuesto de inmuebles realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hacia los municipios.

* Establecer una fórmula de solidaridad intermunicipal de los fondos de la recaudación del impuesto de inmuebles realizada por el MEF hacia los municipios

* Dirigir los montos asignados a la inversión en áreas específicas.

* Crear la Secretaría Nacional de Descentralización, con carácter transitorio, en reemplazo de la Autoridad Nacional de Descentralización hasta que se cumpla la primera fase del proceso de descentralización.

* Crear el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales.

* Incluir territorios especiales que no tienen municipio.

Una de las particularidades de la ley en comento es que el MEF continuará a cargo de la recaudación del impuesto de inmuebles, según como quedó en el artículo 39 de la Ley 66 de 2015. Aunque no se dice textualmente, tal parece que tal responsabilidad incluye el cobro por jurisdicción cautiva contra las fincas o propiedades morosas.

Incluso se puede entender que el MEF será responsable del control catastral, de las tarifas del impuesto según las disposiciones del caso, de la asignación de los años de exoneración, de los arreglos de pago y de las sanciones por morosidad que correspondan. Y finalmente, de transferir todo lo recaudado a los municipios basado en la fórmula de solidaridad establecida en el artículo 112-A, adicionado en la referida ley.

El monto a transferir a los municipios, mediante partidas trimestrales dentro de los primeros cinco días siguientes al vencimiento de cada trimestre será lo recaudado en concepto del impuesto de inmuebles, incluyendo multas y recargos (según artículo 112-A).

Pero alguien dejó por fuera los intereses por morosidad que establece el artículo 1072-A del Código Fiscal (CF). Además, si los fondos a transferir serán cada tres meses y el término o plazo de pago del impuesto de inmuebles es cuatrimestral, según el artículo 786 de CF, ya tendremos un desfase en cuanto a lo recaudado y el monto a transferir, salvo que el monto a transferir en el año 2016 provenga de lo recaudado en 2015, retroactividad que bien debió quedar establecido en la citada Ley 66.

Otra curiosidad es la que se refiere al valor de los impuestos morosos y sus recargos (no se incluyen los intereses por morosidad) “correspondientes a los períodos fiscales anteriores a 2015” que sean “recaudados a partir del 1 de enero de 2016” (artículo 112-F, adicionado por la Ley 66/2015) serán asignados directa e íntegramente a los municipios respectivos. Otra vez alguien dejó por fuera lo que corresponde al año 2015.

Otro blooper se encuentra en el artículo 84, cuyo texto dice que “La primera transferencia de la asignación en concepto de impuesto de inmuebles se hará de la totalidad de las sumas recaudadas, aplicadas las fórmulas descritas en la presente Ley, en enero de 2016 ”. La referencia de la fecha es para la primera transferencia o para las sumas recaudadas en enero de 2016?

CÁPSULA FISCAL Mucho fuego enemigo hubo por aquello de un supuesto “impuesto confiscatorio”, al cual se le sumó la idea de que los alcaldes podrán quitar propiedades a los más humildes ciudadanos. En primer lugar, no existe tal impuesto confiscatorio, pues solamente la morosidad producto del incumplimiento de las obligaciones tributarias a la única causa de perder bienes patrimoniales. En segundo lugar, todo lo concerniente al impuesto de inmuebles se mantiene en el MEF, salvo la transferencia de la recaudación tal como se ha explicado. Y además, si existiese esa potestad en manos de los alcaldes, el simple hecho de quitar propiedades causaría su muerte política.

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