VENTANA FISCAL

El ejercicio de la autoridad

OPINIÓN

La actual autoridad fiscal, la Anip (exDGI), está cumpliendo su misión de recaudar. Ha logrado mantener el constante aumento en la recaudación de impuestos, ya sea por los efectos de las reformas fiscales, por los nuevos controles tributarios implementados o como resultado de una economía que mantiene un crecimiento sostenido. O por una combinación de las tres.

Los resultados son incuestionables.

Para cumplir su misión, la Anip, como brazo fiscal del Estado, tiene como límite aplicar las leyes hasta donde las mismas lo permitan sin caer en abuso de autoridad; además de recaudar y fiscalizar, está obligada a facilitar el cumplimiento voluntario con docencia tributaria en general, instruyendo al sector privado y, principalmente, a sus propios funcionarios. Además debe atender las justas solicitudes y/o reclamos de los contribuyentes, en forma oportuna y sin ningún tipo de discriminación.

Así se ejerce la autoridad fiscal.

Por su parte, al sector privado le corresponde cumplir las disposiciones fiscales. A su favor existen normas de incentivos o beneficios fiscales que bien debe aprovechar, como la Resolución 10452 del pasado mes de agosto, que ofrece una prórroga sin sanciones para la entrega de informes exigidos desde el año 2008 por la DGI (hoy Anip), y como la reciente ley 51/2013 que ofrece una regularización tributaria e incluye una moratoria que elimina recargos, multas y el 25% de los intereses morosos.

Si todos pagamos los impuestos que nos corresponden, todos cumplimos. Así se ejerce la autoridad civil.

“La justicia es equidad, rectitud, imparcialidad, probidad, ecuanimidad, honradez, conciencia, severidad, austeridad, moralidad, razón, justificación, en cada uno de nuestros actos” (anuncio del Tribunal Electoral, La Prensa, página 16-A, lunes 5 de noviembre de 2012).

Todos esos principios también deben ser de estricta aplicación en el área fiscal que tanto nos ocupa. Sin darle oportunidad a las dudas, en la aplicación de las normas y disposiciones que regulan la materia fiscal debe privar la equidad, la justicia, la imparcialidad y la razón. Igual debe ser la correcta utilización y verdadera fiscalización de los recursos del Estado, sujetos a la rectitud, probidad, ecuanimidad, honradez, austeridad y moralidad.

Todo ello depende de cada uno de nosotros. Pero muchas veces lo contrario proviene de los ejemplos impunes de altas esferas políticas.

Al margen de la política, es del conocimiento general que Panamá es un país que es envidia de muchos otros. Pero todo paraíso tiene su costo, y ese costo debe pagarse con fondos del Estado que se alimentan con los impuestos que pagan los contribuyentes. Admito que la ausencia de fiscalización es un contaminante.

Aún así, y como anécdota, hace poco una dama me dijo que su esposo, de nacionalidad venezolana y a quien no conozco, le había manifestado, en relación al aumento del impuesto de inmuebles de su propiedad que causará el avalúo ordenado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que estaba dispuesto a pagar el impuesto adicional con tal de seguir viviendo en Panamá. Sobran los comentarios.

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