quejas en complejo residencial

Se enfrentan clientes y vendedor

Algunos propietarios de condominios de Urbanización Playa Blanca presentan denuncias en la corregiduría de Río Hato y la Alcaldía de Antón.
ATRACCIÓN. En el complejo residencial y turístico Playa Blanca se construyó una de las piscinas más grandes de la región, algunos propietarios de la urbanización no tienen acceso a ella. LA PRENSA/ Raúl A. Bernal ATRACCIÓN. En el complejo residencial y turístico Playa Blanca se construyó una de las piscinas más grandes de la región, algunos propietarios de la urbanización no tienen acceso a ella. LA PRENSA/ Raúl A. Bernal
ATRACCIÓN. En el complejo residencial y turístico Playa Blanca se construyó una de las piscinas más grandes de la región, algunos propietarios de la urbanización no tienen acceso a ella. LA PRENSA/ Raúl A. Bernal

La ilusión de comprar una vivienda por primera vez o una residencia de playa es una de las experiencias que genera más expectativas entre los consumidores.

Se trata de una inversión para toda la vida, pero una vez se consuma la transacción, en algunos casos, la relación entre el cliente y el vendedor puede resultar tensa.

Surgen acusaciones de incumplimiento por parte del que compra el bien y del que lo vende.

Un caso que enmarca esta situación es el de la Urbanización Playa Blanca, ubicada en Farallón, provincia de Coclé.

Un grupo de propietarios de los PH Founders ­compuesto por cuatro torres de condominios­, así como los de Villa Azul y El Peñón de Farallón, aducen que hay problemas como filtraciones y rajaduras, percances en las tuberías de gas, en la distribución de agua potable y hasta aguas negras que desembocan en un río de la localidad.

Los quejosos, la mayoría extranjeros, sostienen igualmente que cuando adquirieron los apartamentos se les ofreció acceso al hotel, la posibilidad de utilizar la piscina más grande de la región y la construcción de un complejo deportivo, pero esto no se está cumpliendo.

Los apartamentos en estos edificios se vendieron entre 180 mil y 250 mil dólares.

Sandy Schwartz, vocero y asesor económico de Urbanización Playa Blanca, minimizó las denuncias, alegando que un minúsculo grupo, liderados por dos estadounidenses, es el que hace reclamaciones sin fundamento.

Schwartz alegó que el grupo de los quejosos no paga su cuota de mantenimiento. En las cuatro torres de los edificios Founders hay una morosidad en mantenimiento por el orden de 258 mil dólares.

Ángela Sanson, administradora de los edificios, nombrada por los propietarios, dijo que es cierto que no pagan la cuota de mantenimiento, pero porque no están recibiendo los beneficios que los desarrolladores prometieron. Por otra parte, asegura que estos problemas afectan a unos 300 apartamentos.

Las discrepancias han llegado hasta la Alcaldía de Antón, a la corregiduría de Río Hato y a la Defensoría del Pueblo. También se han interpuesto denuncias ante la Autoridad Nacional del Ambiente y los ministerios de Salud y Vivienda.

Los propietarios de los referidos inmuebles alegan haberse afectado con las restricciones que han hecho los promotores, que no dejan ingresar al complejo a los proveedores de servicios de gas o a los representantes de la compañía que repara el elevador, entre otros.

Schwartz dijo que solo ha recibido acciones poco pacíficas y hasta violentas por parte de estos propietarios y que los mismos no muestran ningún interés en dialogar.

Destacó que mensualmente cada condominio tiene que pagar 50 dólares mensuales por mantenimiento, una cuota que no se ha subido en cuatro años, a pesar de que en la región se elevó el salario mínimo de los trabajadores.

A mayor o menor escala, la realidad de los PH Founders se multiplica en otras regiones y otros proyectos.

De acuerdo con los registros de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) de enero a marzo de este año se habían reportado 229 quejas, y de este total 91 inconformidades estaban relacionadas al sector inmobiliario.

Los motivos principales de estas quejas son incumplimientos de contrato, así como devolución de dinero y abonos, que entre otras, alcanzan un monto superior a 5.2 millones de dólares.

Las inmobiliarias, en tanto, siempre han manifestado que tienen la mayor cantidad de quejas en la Acodeco porque anualmente se venden cerca de 11 mil viviendas nuevas en el país, pero estos reclamos no implican un porcentaje representativo si se le compara con el tamaño del mercado.

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