finanzas públicas

La herencia fiscal de Martinelli

A medida que este Gobierno adjudica proyectos, la capacidad de gasto de la próxima administración se reduce.

El Gobierno que tome las riendas del país en 2014 deberá hacerle frente a los compromisos adquiridos por la administración de Ricardo Martinelli, una gestión caracterizada por el aumento del gasto público.

Según las proyecciones presentadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante la Asamblea Nacional en 2011, la deuda pública de Panamá se aproximará a los $15 mil millones al cierre de 2014.

El economista Felipe Chapman, socio de la firma Indesa, señaló que “la deuda se ha incrementado de forma importante durante el presente quinquenio y es muy probable que el siguiente gobierno tendrá que enfrentar una situación fiscal apretada y menos flexible”.

Esa parece que seguirá siendo la línea del Gobierno hasta que concluya su gestión. Así lo demuestra la flexibilización de los límites de déficit establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Tras varias dispensas y cambios legales aprobados por este Gobierno, el límite de déficit para 2012 pasó de 1% al 2.9% actual. El Ejecutivo también elevó los límites para los próximos ejercicios: a 2.8% para 2013; a 2.7% para 2014; y a 2% para el año 2015, el primer año completo de la futura administración. En 2016, el margen fiscal será más ajustado (1.5%), y se reducirá aún más (1%) en 2017.

el ahorro, en el futuro

El futuro gobierno no podrá disponer de todos los ingresos del Canal de Panamá ampliado para cuadrar las cuentas, ya que una parte de los mismos se destinará al Fondo de Ahorro de Panamá, aprobado en esta administración, y que se nutrirá de fondos generados por gobiernos pasados –los recursos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo– y futuros –los ingresos del Canal a partir de 2015–.

Además de la deuda que aparezca en los libros, el Gobierno entrante deberá saldar también varios compromisos adquiridos por Martinelli y contratados bajo la modalidad “llave en mano”.

Este es el caso de multimillonarios proyectos como el reordenamiento vial –por cerca de mil 600 millones de dólares–. El Ejecutivo que asuma el poder en 2014 todavía deberá un 30% a los contratistas de la obra, principalmente la brasileña Norberto Odebrecht y la española FCC Construcción.

Un caso similar es el de la Ciudad Hospitalaria, una obra de $587 millones cuyo calendario de pagos se prolonga hasta 2018.

El Centro de Convenciones también deberá ser pagado íntegramente por el próximo Gobierno en el año 2015. Aunque todavía no se conoce el precio de la obra porque no se ha realizado la licitación, los cálculos preliminares lo sitúan alrededor de $150 millones.

¿más licitaciones?

El próximo gobierno podría cargar con otros compromisos que todavía no se conocen. En dos años que se presentan como una larga campaña electoral de cortes de cintas, el gobierno podría incluir algún proyecto más en su lista.

Martinelli no ha escondido su intención de dejar licitada la segunda línea de Metro, que recorrería San Miguelito por la Vía Tocumen. En su reciente discurso en la Asamblea, habló de la cinta costera IV, que bordearía Punta Paitilla y Punta Pacífica hasta llegar al Corredor Sur.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Federico José Suárez, le puso números a las inversiones del futuro. En un reportaje publicado en diario El País de España, el ministro dijo que a partir de 2014 se harán inversiones por $9 mil millones. La nota cita obras como la ampliación de 200 kilómetros de la carretera Panamericana, los nuevos puentes sobre el Canal, o una carretera costanera que recorrerá la costa caribeña del país.

La Prensa preguntó al Ministerio de Obras Públicas si este Gobierno licitará alguno de los trabajos mencionados, pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.

Cualquier gran proyecto que adjudique este Gobierno en los dos años restantes seguirá reduciendo la capacidad de maniobra de la futura administración.

“De mantenerse la actual tendencia, todo indica que la herencia fiscal será dura”, vaticinó Champan.

ENFOQUE

Balance de la política económica

Fernando Aramburu p.*

economia@prensa.com

Opinión. Es indudable que este gobierno, con su ambicioso plan de inversiones, nos dejará buena cantidad de obras de infraestructura nuevas y algunas mejoradas, pero también es preocupante ver el nivel de deuda pública y cuentas por pagar que dejará, así como el deterioro institucional que hemos experimentado en los últimos tres años.

En el lado positivo, además de obras físicas como el Metro Bus, el metro y las carreteras, tenemos el haber concretado el grado de inversión, haber salido de las listas negras de varios países importantes, entre otros.

El nivel de inversión pública y privada ha mantenido un ritmo de crecimiento de la economía robusto del orden del 8% promedio, lo que ha disminuido el desempleo a niveles históricamente bajos.

Gran parte de este incremento en las inversiones públicas se ha realizado con un aumento en los niveles de deuda, proyectos llave en mano y a través de las empresas publicas excluidas de la contabilidad fiscal, lo que estimamos aumentará la deuda total al final del período en más de $8 mil millones. Esto resultaría en una deuda pública total más cuentas por pagar de alrededor de $19 mil millones (47% del PIB) en 2014, lo cual representa un incremento mayor a todos los gobiernos anteriores desde 1990 juntos y un serio reto para la próxima administración al tener esta que lidiar con esta pesada carga que obviamente limitará su capacidad de inversión y de respuesta.

Adicionalmente, el constante aumento de los límites del déficit fiscal y la eliminación de la norma de 1995, que estipulaba que el producto de la venta de las acciones de las empresas mixtas iría al Fondo Fiduciario (ahora Fondo de Ahorro de Panamá), ha significado un deterioro de la credibilidad en el manejo de las finanzas.

Por otro lado, la falta de transparencia en muchas de las contrataciones realizadas y los sobrecostos observados, dejarán una secuela de problemas, sobre todo si no tienen la inspección adecuada por parte de las autoridades, como estamos observando.

Esperemos que en los que le queda de tiempo al actual Gobierno, puedan corregir y enmendar algunas de estas acciones que definitivamente no contribuyen a la mejor imagen de nuestro país, a la solidez de las finanzas públicas y por ende a nuestro futuro desarrollo.

* El autor es exministro de Economía

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