regulación

Un intercambio incómodo

El 1 de enero de 2016 entra en vigor el estándar global de intercambio automático de información financiera.
El Gafi ve en Panamá un avance ‘significativo’ en el plan antilavado. El Gafi ve en Panamá un avance ‘significativo’ en el plan antilavado.
El Gafi ve en Panamá un avance ‘significativo’ en el plan antilavado.

Durante el segundo y último día del XXXIV Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero se discutió un tema de sensible interés para el entorno financiero de Panamá: cómo deben actuar las entidades ante hechos de corrupción y los requerimientos de transparencia e intercambio de información.

En esta mesa de conversación, en la que participaron abogados y expertos de Panamá, Colombia y Perú, se analizó la inmovilización de acciones al portador, sus consecuencias para las entidades financieras y para los clientes.

También se debatió del intercambio de información automática como nuevo estándar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), su aplicación práctica y la consolidación de esfuerzos en términos de transparencia e intercambio de información.

Particularmente para Panamá, conocer y revelar el beneficiario final de las acciones de una sociedad se ha vuelto una tarea ineludible, sobre todo por las presiones internacionales para que el país mejore en transparencia financiera y logre salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi).

Uno de los problemas que generó esta inclusión en junio pasado radica en el deterioro de las relaciones entre los bancos que operan en Panamá y sus corresponsales en Estados Unidos.

En dicha conferencia, una de las varias que se realizaron entre el jueves 13 y viernes 14 pasados en el Centro de Convenciones Megápolis, la colombiana Claudia Díaz-Granados, socia fundadora de GR Compliance, subrayó que “el nivel de exigencias para las entidades privadas, incluyendo las entidades financieras, se ha incrementado de manera muy importante en todos los temas de anticorrupción e intercambio de información”. Es decir, que ciertos requerimientos ya no son solo para las instituciones públicas, sino que la lupa se ha puesto sobre el sector privado.

Transparencia Internacional (TI) habla del “mal uso del poder conferido para beneficios particulares”. Ese “poder conferido” viene de los ámbitos privado o público. El agente de corrupción ya no está concebido solo en el sector público, sino que también el agente corrupción puede venir de un ente privado”, agregó la abogada.

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2014 que publica anualmente TI, Panamá se encuentra en la posición 94 de 174 economías, mejorando ocho posiciones frente al año anterior. Fue en 2013 cuando la administración del presidente Ricardo Martinelli aprobó la inmovilización de las acciones al portador (Ley 47 de 2013). También en este año el país cayó 19 posiciones en el mencionado ranking.

A pesar de esta aprobación, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en ese entonces bajo las órdenes de Frank De Lima, aprobó dos artículos que impedirán la aplicación efectiva de la ley hasta 2018. En estos tres años, las empresas con acciones ya emitidas al portador deberán entregarlas a un custodio autorizado. De esta manera, se podría conocer en todo momento quién es el beneficiario final de una sociedad.

“Existen distintos umbrales de participación mayoritaria. Entre los países latinoamericanos hay distintos estándares. En Colombia es más de 5%, en algunos es más del 20%-25%. La Ley para el Cumplimiento Fiscal de las Cuentas en el Extranjero (Fatca, por sus siglas en inglés) habla de un 10%. El Gafi no lo define, lo deja en libertad de cada país. Dicen que ‘es problema de ustedes, pero recomendamos que sea el 5%’. Hay muchas incertidumbres que deben ser consideradas”, agregó Díaz-Granados.

De acuerdo con la Ley 18 de 2015, que introdujo modificaciones a la Ley 47 de 2013, después del 31 de diciembre de este año “los pactos sociales se considerarán enmendados por imperio de la ley prohibiendo la emisión de acciones al portador, salvo en aquellos casos en que la junta directiva o la asamblea de accionistas haya adoptado resolución aprobando que la sociedad se acoja al régimen de inmovilización de acciones establecido en la presente ley”.

Dudas y críticas

Por su parte, el abogado panameño Adolfo Linares criticó con vehemencia el estándar global para el intercambio automático de información de cuentas financieras que patrocinan los países de la OCDE y G-20, el cual entraría en vigor el próximo 1 de enero de 2016. “El punto no es solamente que nos impongan regulaciones, sino que son regulaciones que ellos no cumplen”, dice.

“Desde el punto de vista bancario, Panamá tiene una de las regulaciones más estrictas del mundo en cuanto a conocer al cliente. Mucho más que Estados Unidos y muchos de los países de la OCDE. Las obligaciones de conocer a los clientes que tienen no solo los bancos sino los abogados que hacemos sociedades anónimas de acuerdo con la ley, son también muy estrictas, muy avanzadas y con repercusiones incluso penales para nosotros, cosa que no se da en algunas jurisdicciones de la OCDE y Estados Unidos”, manifestó Linares.

Sobre el estándar global, Díaz-Granados argumentó: “Tengo mis dudas si a la hora de imponer estos nuevos requerimientos se valoran lo que ellos representan para las áreas de cumplimiento de las entidades, y lo que representan en costo de recurso humano, del gasto operativo, asesorías...”.

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