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La inusual garantía del PH Ibiza

La Fiscalía Sexta Anticorrupción pidió a la Caja de Ahorros que se constituyera como querellante. La entidad no toma acción al respecto.
El ‘lobby’ del PH Ibiza Playa Coronado es una de las fincas que fueron aceptadas como garantía en un préstamo y que están embargadas por la Caja de Ahorros. El ‘lobby’ del PH Ibiza Playa Coronado es una de las fincas que fueron aceptadas como garantía en un préstamo y que están embargadas por la Caja de Ahorros.

El ‘lobby’ del PH Ibiza Playa Coronado es una de las fincas que fueron aceptadas como garantía en un préstamo y que están embargadas por la Caja de Ahorros.

Parte de la declaración jurada de la funcionaria de la Caja de Ahorros. Parte de la declaración jurada de la funcionaria de la Caja de Ahorros.

Parte de la declaración jurada de la funcionaria de la Caja de Ahorros.

La actual gerente de Banca Corporativa y Comercial de la Caja de Ahorros, Karla Villalaz, dijo en una declaración jurada ante la Fiscalía Sexta Anticorrupción que en su experiencia en la banca nunca había visto que se tomaran como garantías de un préstamo comercial las áreas comunes de un PH. “Es más, no sabía que las áreas comunes se podían constituir en fincas”, reconoció Villalaz, que ocupa el puesto desde marzo de 2015.

La declaración —a la que tuvo acceso este diario— forma parte de las pesquisas de la Fiscalía, que investiga el posible delito contra la administración pública por la aprobación de un préstamo de $5 millones por parte de la estatal Caja de Ahorros a favor de la empresa R.G. Hotels.

La empresa solicitó el préstamo para pagar la compra de dos desarrollos turísticos de playa: el PH Ibiza Corona y el PH Ibiza Playa Coronado, adquiridos a su promotor, el empresario español Roberto Rollón.

Aunque para la actual funcionaria de la entidad no es una práctica habitual, durante la pasada administración de la Caja de Ahorros sí se aceptaron como garantías fincas de los desarrollos turísticos entre las que se encuentran espacios comunes como el lobby, el área social o la azotea del edificio.

Ante el incumplimiento de la empresa en el pago de su deuda, la Caja de Ahorros secuestró las fincas puestas en garantía, como el lobby y las áreas comunes, provocando el cese de actividad de los dos proyectos.

Representantes de R.G. Hotels dijeron anteriormente que al ser un PH turístico, el conjunto no tiene la misma consideración que un PH residencial. Afirman que tanto el lobby como el área social se utilizan para la explotación hotelera del proyecto, al contrario que en un PH residencial.

La misma opinión tiene Pedro Meilán, que representa a Roberto Rollón, el dueño de los proyectos en el momento que se segregaron las fincas. “Si esas fincas no eran privadas, nunca podrían haber sido puestas como garantías. Nada de lo que se hizo es ilegal”, insistió y confió en que los tribunales le den la razón a su representado.

No obstante, el reglamento de copropiedad del PH Ibiza Playa Coronado dice que las áreas de piscina, vestíbulo y la azotea, entre otras, son “bienes comunes... del dominio inalienable e indivisible de todos los propietarios”.

A raíz del secuestro, nadie puede hacer uso de los edificios. Los propietarios, quienes compraron en el proyecto bajo la promesa que nunca se cumplió de que la explotación hotelera del mismo les generaría unos beneficios, se querellaron penalmente contra Rollón y Rugerie Gálvez, antiguo propietario de R.G. Hotels.

En la investigación de oficio del posible delito contra la administración pública, la Fiscalía solicitó a la Caja de Ahorros que se constituyera como querellante para poder reclamar una eventual indemnización, pero hasta el momento la Caja solamente ha dicho que está evaluando cómo procederá.

Consultada ayer por este diario, la entidad insistió en que “lo que podemos afirmar es que nuestro equipo legal está evaluando el camino a seguir en base a todas las pruebas”.

Abogados consultados dijeron que la petición de la Fiscalía obliga a la Caja a constituirse como querellante y que esto puede suceder en cualquier fase del proceso judicial, pero que en la etapa actual de investigación es cuando se pueden aportar las pruebas.

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