VENTANA FISCAL

El llamado a la reforestación

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El llamado a la reforestación

“El Órgano Ejecutivo, consciente de su responsabilidad con todos los asociados y teniendo en cuenta la tasa creciente de deforestación y las graves consecuencias para el país, declara necesario…. incrementar todas las formas de reforestación…”. Así reza la Ley 24 de 23 de noviembre de 1992, creada para reglamentar y otorgar incentivos fiscales a la actividad de reforestación, que define como “la acción de plantar con especies forestales un terreno desprovisto de vegetación arbórea, ya sea para fines comerciales, paisajísticos, ambientales, turísticos, agroforestales, silvo pastoril, energéticos o cualquier otro”.

Aunque la Ley 24/1992 fue modificada con la Ley 6 de 2005, mediante la cual se eliminó el beneficio de considerar como gastos deducibles las inversiones forestales directas e indirectas para los efectos del impuesto sobre la renta, aún queda la exoneración sobre las utilidades provenientes exclusivamente de la comercialización “de productos extraídos de plantaciones forestales, al momento del corte final de la plantación forestal, y cuyo establecimiento se realice dentro de trece (13) años contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley” (artículo 75 de la Ley 6 de 2005), con la condición de que las fincas reforestadas estén inscritas en el registro forestal de la ex Autoridad Nacional del Ambiente, hoy Ministerio del Ambiente.

También subsisten los beneficios sobre el Impuesto de Inmuebles y del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles, pues ambos quedan exonerados cuando sean fincas reforestadas y cumplan las siguientes tres condiciones:

1) inscritas en el Registro Forestal;

2) dedicadas exclusivamente a la actividad de reforestación, y

3) que estén reforestadas en más del 75% de su superficie.

Sin lugar a dudas, la Ley 24/1992 tuvo efectos positivos en la inversión privada.

Eran tiempos en que la cobertura boscosa disminuía año tras año, pues se sembraba menos de lo que se destruía por la quema, por la sobreexplotación de nuestros bosques naturales, por la construcción de nuevas urbanizaciones o por el avance de la frontera agrícola, sea siembra o ganadería. Como la reposición o recuperación de los bosques sigue siendo una tarea pendiente, a los incentivos tributarios se une ahora un espíritu de renovación por la reconocida importancia de los bosques, sean naturales o artificiales.

Hoy rescato la recomendación que hice durante el gobierno de Mireya Moscoso referente a emprender acciones de reforestación en las escuelas públicas y privadas, permitiendo a los estudiantes aprender a sembrar y mantener los árboles con la asesoría de los profesionales forestales del Estado. Igual sugerí que esas acciones podían realizarse en las áreas revertidas, asignándose sus utilidades a las entidades participantes. A pesar de su largo plazo, los beneficios culturales y ambientales no tienen límites.

Todavía hay tiempo para revertir el daño y para que llueva. Hablando de las lluvias, la cara positiva es que son absolutamente necesarias para el ser humano al traer consigo el imprescindible líquido; son indispensables para el desarrollo del sector agropecuario; proveen la materia prima para la actividad del Canal de Panamá y para las hidroeléctricas, pues sin ella dejarían de funcionar. La cara negativa son las inundaciones, pero en la mayoría de los casos son producto del desorden y la irresponsabilidad de quienes disponen de sus desechos en las corrientes naturales de agua. Y después nos quejamos y reclamamos al gobierno por no deshacer lo que mal hacemos.

La exoneración del Impuesto de Inmuebles para las fincas reforestadas, según el artículo 7 de la Ley 24/1992, tanto en su texto original como en la modificación de la Ley 6/2005, no está condicionada a ciclos de 5 años, situación que de hecho han aplicado las pasadas autoridades fiscales en perjuicio de los reforestadores. Veamos el texto actualizado: “Se declaran exentas del pago del Impuesto de Inmuebles y del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles las fincas dedicadas exclusivamente a la reforestación en más del setenta y cinco por ciento (75%) de su superficie, siempre que la finca se encuentre inscrita en el Registro Forestal de la Autoridad Nacional del Ambiente”.

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