VENTANA FISCAL

Al margen de la ley

POLITICA. El ministro de Economia frances Michel Sapin mantendra los ... POLITICA. El ministro de Economia frances Michel Sapin mantendra los ...
POLITICA. El ministro de Economia frances Michel Sapin mantendra los ...

OPINIÓN

Como quiera que es del conocimiento público el aumento patrimonial de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que se pretende justificar con un préstamo personal, mi asistente Jessenia me preguntó con sonrisa picarona dónde podía encontrar a un tal tío Pipo para pedirle prestado unos cuantos cientos de miles de dólares sin intereses y sin garantía.

Mi respuesta: primero hay que confirmar si ese dinero está limpio (de procedencia legítima) y si ha cumplido con las leyes fiscales de Panamá, pues de lo contrario también será causa de enriquecimiento o patrimonio no justificado, de acuerdo con el artículo 696 del Código Fiscal. Mi consejo: mejor es que acuda a una entidad debidamente autorizada para ejercer el negocio financiero.

Enriquecerse al margen de las leyes; pretender después poder engañar a todo el mundo (inclusive a la familia); luego hacer de la mentira un credo; y finalmente acudir a Dios como abogado de la corrupción, parece el guión de una película de horror. Según los hechos denunciados, la corrupción es la materia aprobada en Panamá por algunos seudos empresarios miembros del círculo cero de la administración pasada y por otros muchos políticos que pretendían, todos ellos, seguir amparados en la continuidad del sistema.

Por ello, la poca o nula importancia que le daban a lo que estaban obligados a hacer y a la forma cómo la hacían.

Ejemplo de ello es la dejadez que se percibe en el contenido de la obligada declaración jurada de estado patrimonial (entiéndase que no es una declaración cualquiera, pues se trata de una declaración jurada de su patrimonio, y que su falsedad está sujeta a sanciones penales) que fuera presentada por el susodicho Magistrado.

Advierto que todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los miembros de los tribunales ordinarios y especiales, entre otros, están obligados a presentar su declaración jurada patrimonial “en un término de 10 días hábiles a partir de la toma de posesión del cargo y 10 días hábiles a partir de la separación”. (Artículo 304 de la Constitución Política de Panamá).

Para abundar en detalles, las disposiciones contra la corrupción administrativa contenidas en la ley 59 de 1999 señalan que “el enriquecimiento injustificado tiene lugar cuando el servidor público o exservidor público durante el desempeño de su cargo o dentro del año siguiente al término de sus funciones, se encuentre en posesión de bienes, sea por sí o por interpuesta persona natural o jurídica, que sobrepasen los declarados o los que probadamente superen sus posibilidades económicas, y no pueda justificar su origen.”

Por otro lado, la Contraloría General de la República (CGN) deberá iniciar el proceso para determinar el enriquecimiento injustificado, ya sea de oficio o por denuncia. En caso positivo, deberá remitir copia de lo actuado a la Procuraduría General de la Nación para determinar la responsabilidad penal que corresponda.

Por ello y muchas cosas más, es necesario que la CGN sea dirigida por una persona honesta y con carácter, sin compromisos ni deudas políticas, y que cumpla y haga cumplir en tiempo oportuno las obligaciones que le asigna la ley. También hay que evitar la dualidad de funciones de la CGR por ser juez y parte en el caso de las declaraciones patrimoniales, mediante la creación de un ente separado e independiente tal como expresé en mi artículo de La Prensa del 13 de julio pasado.

Antes de terminar debo señalar que todo diputado que haya ejercido o ejerza la Presidencia de la Asamblea Nacional también está obligado por ley a cumplir con las disposiciones de la declaración patrimonial, tantas veces violadas.

Ya es tiempo de acabar con esa complacencia política que llega hasta la impunidad. No nos toca juzgar, pero sí exigir que se haga justicia. Ah... y recuerden que en el Código Fiscal existen recompensas por denuncias fiscales por patrimonio no justificado.

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