La cuenta detrás de los millonarios proyectos

El modelo Martinelli para sufragar inversión pública

Durante la apertura del actual período legislativo, el presidente Martinelli citó proyectos por más de $9 mil millones.

El discurso del presidente, Ricardo Martinelli, en la apertura del período legislativo se convirtió en una enumeración de las obras que adelanta su gobierno.

Todos los proyectos que citó el Presidente suman más de $9 mil millones, una muestra del movimiento de dinero que rodea a esta administración. “En eso invertimos la plata de tus impuestos”, repetía una y otra vez el mandatario en el podio de la Asamblea Nacional.

En los cinco años de gestión, la intención del Gobierno es invertir unos $13 mil millones, recursos que saldrán de los bolsillos de los panameños.

Con el Canal de Panamá superando cada año sus aportes al Tesoro Nacional (en 2011 fueron $1,043 millones), una economía que volvió a crecer el año pasado en dos dígitos (10.6%) y una reforma tributaria que elevó la recaudación contributiva hasta niveles nunca antes vistos, esta administración ha dispuesto de más recursos que cualquiera de sus predecesoras.

En 2008, los ingresos corrientes del Gobierno central, que se nutren principalmente de los impuestos de los panameños, fueron de poco más de $4 mil 500 millones. El año pasado, esa cifra ascendió a $5 mil 662 millones.

la deuda

La administración Martinelli, además, ha recurrido como ninguna otra a la deuda para sufragar las inversiones. El 30 de junio de 2009, un día antes de que Martinelli asumiera el mando, el país tenía compromisos por $10 mil 802.1 millones. El 31 de mayo de 2012, casi tres años después, el Estado debía $13 mil 901.1 millones, casi $3 mil 100 millones más.

Esta tendencia se va a mantener en los dos años que restan de gestión. Según las estimaciones presentadas por el Gobierno el año pasado ante la Asamblea Nacional, en 2015 el saldo de la deuda superará los $15 mil 300 millones.

Como la economía también está creciendo a un ritmo fuerte, el peso relativo de la deuda se mantiene en niveles manejables (41.8% al cierre de 2011) y se espera que para el término de esta administración la relación deuda/PIB se sitúe en torno al 36%.

Para poder imprimir ese impulso al gasto público, el Gobierno ha utilizado varios mecanismos legales. Uno de ellos es la contratación de proyectos bajo la modalidad “llave en mano”. Los más de $3 mil millones comprometidos con esta fórmula solo tienen reflejo en las cuentas públicas cuando el Gobierno efectúa los pagos a los contratistas al final de la obra o siguiendo un calendario preestablecido. Ambiciosos proyectos como el reordenamiento vial o la ciudad hospitalaria se terminarán de pagar durante la próxima administración, en 2016 y 2018, respectivamente.

El Gobierno tampoco ha dudado en soltarse el corsé que representa para el gasto la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

En 2011 solicitó una dispensa a la Asamblea Nacional para duplicar el déficit de ese año. Así, del 1.5% que establecía la ley, se pasó a un 3%. Este año, aprovechando la ley que creó el Fondo de Ahorro de Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) volvió a elevar los límites de déficit hasta un 2.9% en 2012; a 2.8% en 2013; a 2.7% en 2014; a 2% en 2015; a 1.5% para 2016 y a 1% en 2017.

Aunque los niveles de déficit son bajos si se comparan con otras economías, y eso se refleja en las mejoras en la calificación de riesgo como la recientemente concedida por Standard & Poor´s, las agencias de rating también han dejado claro que el Gobierno no debería modificar con tanta frecuencia los límites de déficit consignados en la ley.

En declaraciones anteriores, Roberto Sifón-Arévalo, director para América Latina de Rating Soberano de S&P, dijo que el país debería tener capacidad para hacer frente a impactos, como las inundaciones de 2010, sin solicitar dispensas para elevar los límites del déficit.

De acuerdo con analistas locales e internacionales, de haber tenido una línea más conservadora en la planificación fiscal, el Gobierno podría haber afrontado con más solvencia el hueco generado en el presupuesto por la fallida venta de acciones de Cable & Wireless y de los terrenos en la Zona Libre de Colón.

Sin embargo, superada la mitad del año, el MEF se ha visto en la obligación de implementar un plan de ajuste de $294.8 millones en el presupuesto de inversión y $110.5 millones en el de funcionamiento.

El presidente del Colegio de Economistas, Raúl Moreira, señaló que “el plan de inversiones requería de mucha presión en la recaudación. Como se cayeron las ventas, hay que contener el gasto”, dijo el economista, que recomendó reducir las inversiones.

“Hay proyectos que no se debían ejecutar al tiempo y otros cuya viabilidad está en duda, sobre todo el Metro. Todavía no se sabe cuál va a ser la inversión final, el subsidio, el costo para los usuarios. Hay muchas preguntas sin resolver y el proyecto responde más que nada al cumplimiento de una promesa”, planteó Moreira sobre la obra insignia de esta administración.

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