Contratos con el Estado

El negocio de las comisiones

La actual gestión presidencial ideó un esquema para dos empresas que recaudan dinero a través de multas e impuestos.

El Gobierno puso sobre la mesa dos medidas que a simple vista parecían inofensivas: la necesidad de presionar a los conductores para que respetaran los límites de velocidad, y, por otro lado, rastrear a los que por años han estado evadiendo impuestos.

Así surgieron dos contratos que en nada parecían guardar relación, pero que tienen más similitudes de las que cualquiera hubiese podido sospechar, empezando por la más obvia: obtener ingresos a través de los contribuyentes.

Uno de los contratos fue gestionado por la Dirección General de Ingresos (DGI) en 2010, y el otro por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en 2011.

Aunque hace uno y dos años se firmaron los contratos, ahora que se hacen efectivos es cuando se detectan fallas en los sistemas de cobros y la relación de empresarios cercanos al poder.

En ambos casos se pactó un monopolio operativo, además de ganancias redondas a través de altas comisiones por periodos de hasta 10 años.

´exclusividad´ en la DGI

Luis Cucalón, director general de Ingresos, y quien se ha convertido en uno de los hombres de confianza del presidente, Ricardo Martinelli, contrató de forma directa por seis años a Cobranzas del Istmo para que se encargue de cobrar las cuentas morosas que el Gobierno no es capaz de recuperar.

Cuanto más antigua sea la cuenta morosa recuperada, mayor es la comisión, que puede llegar hasta el 30% de la cantidad cobrada. Bajo estas reglas, Cobranzas del Istmo, que desde 2010 goza de exclusividad en los servicios que brinda a la Dirección General de Ingresos (DGI), ha reportado $10 millones recuperados, lo que le ha valido para cobrar en comisiones cerca de $500 mil.

Tal como se estructuraron las reformas fiscales en esta administración, el Estado puede tercerizar el servicio de cobro de impuestos sin llamar a una convocatoria pública. Según Cucalón, invitaron a varias empresas a participar del proceso, pero solo Cobranzas del Istmo cumplió con los requisitos.

“Se presentaron varias firmas de abogados interesadas, pero no tenían la cantidad de cobradores fijos exigidos en el contrato”.

De acuerdo con el excontralor de la Nación Alvin Weeden, habría que revisar los parámetros del contrato, porque probablemente nadie cumple con los requisitos hechos a la medida de Cobranzas del Istmo.

Cucalón argumenta que el proceso para contratar a más empresas que brinden el mismo servicio sigue abierto, aunque contradictoriamente reconoce que el llamado se mantiene congelado porque la DGI no ha depurado la base de datos de los clientes morosos, en la que se encuentran hasta las instituciones del Estado.

Por el problema de la depuración “no le he podido dar más cuentas para que [Cobranzas del Istmo] siga cobrando”, indicó.

El contrato tiene seis años de vigencia con la opción de que se le extienda por otros cuatro años. Es decir, que Cobranzas del Istmo podría completar 10 años haciendo negocios con las comisiones que saque del Estado.

Cuadre de tiempos

Diez años es precisamente el periodo que se le fijó a Traffic Safety para la cobranza de las infracciones que detecten las cámaras de vigilancia de velocidad instaladas en los semáforos.

El Gobierno creó el monopolio en la cobranza a favor de esta empresa y de paso redactó un contrato que le deja abierta la posibilidad de diversificar sus ganancias con pocos límites.

En el proceso de licitación esta fue la única empresa que presentó una propuesta. No compitió con nadie, pese a los jugosos cobros que se ofrecían.

Según el contrato firmado por Jorge Ricardo Fábrega, quien estaba al frente de la ATTT, Traffic Safety se queda con el 65% de las multas por exceso de velocidad y con cualquier otra infracción que se registre y recaude a través del sistema concesionado. También podrá tener activa participación en la gestión de cobro de las multas y vender información estadística a terceros relativa al funcionamiento de sus servicios, siempre y cuando no sea catalogada como restrictiva, aunque en el contrato no se especifica qué data sería confidencial.

La inversión que le exigió a la empresa es de apenas $3 millones, y a cambio la compañía se asegura de recaudar durante 10 años el 65% de cada una de las infracciones que ingresen al sistema.

La ATTT, al igual que la DGI, reconoció fallas en la implementación del sistema, en especial por el método ­vía correo electrónico­ de avisarle a los conductores acerca de sus multas.

Este contrato fue suspendido temporalmente, pero la “exclusividad” otorgada por la oficina de Ingresos y el Tránsito siguen vigentes.

Los personajes detrás de Cobranzas del Istmo

Luis Cucalón, el recaudador del actual gobierno, ha tenido vínculos comerciales con las personas que están detrás de Cobranzas del Istmo.

Esta empresa nació en 2003 y su presidente para aquel momento era Cristóbal Salerno, quien renunció a su cargo, pero continuó con poder en la empresa.

El poder de Salerno, que le da derecho a administrar los negocios de la sociedad, nunca fue revocado, a pesar de dar los mismos derechos a otras personas posteriormente, según consta en información inscrita en el Registro Público.

Salerno compartió puestos directivos con Cucalón en IDS Holding, tenedora de las acciones de la fallida Sears Panamá.

Según el propio Cucalón, luego de que renunciaron varios miembros de la junta directiva de la empresa, él llamó a Salerno –quien era acreedor de la maltrecha compañía– para que formara parte del staff a cargo de tomar decisiones.

Ambos formaron parte del equipo de Sears cuando la empresa anunció una reestructuración total, que incluía el cierre de una de sus sucursales y la negociación de sus deudas, el secuestro de sus bienes y cuentas bancarias.

Salerno ha enfrentado en el pasado llamamientos a juicio por delitos contra la fe pública, estafa y tenencia ilegal de armas y explosivos.

Lucrativo contrato para socio de familia Martinelli

El empresario Ricardo Chanis Correa representó a la empresa Traffic Safety en la firma del lucrativo contrato con el Estado para imponer multas por exceso de velocidad a través de un sistema de cámaras de vigilancia.

Chanis fue designado en 2009 por el presidente de la República, Ricardo Martinelli, como miembro principal de la junta directiva de la Caja de Ahorros.

También es presidente del Grupo Editorial Epasa, que edita los diarios Panamá América, Crítica, Día a Día y PM, negocio en el que el mandatario ha admitido tener participación.

Es, además, socio en el desarrollo inmobiliario playero Casamar.

Ricardo Martinelli Linares, hijo del Presidente, preside la sociedad que desarrolla el proyecto inmobiliario y en el que Chanis Correa actúa como tesorero.

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Cortesía/Sinaproc

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