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Los 10 pecados capitales del fisco

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Los 10 pecados capitales del fisco

A solicitud recibida, hoy escribo sobre los pecados de la contraparte del drama fiscal.

Cuando por cualquier motivo el sector privado tiene que enfrentar a la máxima autoridad fiscal de la República de Panamá, se siente la presión del poder que le otorga el sistema legal a la Dirección General de Ingresos (DGI), sobre todo porque muchas veces se percibe que sus actuaciones no se ajustan a la plena justicia tributaria.

Para tratar de conseguir las mejores relaciones fisco-contribuyentes no hay nada mejor que las actuaciones de ambas partes se ajusten a los derechos y obligaciones mutuas.

1– Violentar las más elementales normas contables para sustentar argumentos absurdos con el único fin de rechazar las solicitudes de no aplicación del cálculo alterno del impuesto sobre la renta (CAIR). Los platos rotos han corrido por ahora por cuenta de los contribuyentes, quienes tienen que pagar contadores, asesores, abogados y peritos para defenderse ante tales absurdos, no sea que después digan que estos gastos no tienen relación con la producción de la renta ni la conservación de sus fuentes y por lo tanto no son deducibles o que un afectado reclame daños y perjuicios.

2- Traspasar los límites que la ley le otorga, pues siendo parte del Estado los funcionarios de la DGI solamente pueden hacer hasta donde las leyes lo permitan. Lo contrario es un abuso de autoridad.

3– Mantener en los estados de cuenta de los contribuyentes los impuestos prescritos.

Esto es un arma de doble filo, que se presta al engaño, pues los pagos que realice el contribuyente se aplican primero a los recargos e intereses por morosidad y a los impuestos más antiguos ya prescritos; y si el fisco mantiene lo prescrito en los estados de cuenta, los contribuyentes bien asesorados no pagan los impuestos, ni siquiera los no prescritos.

4– Secuestrar otros activos del propietario de bienes inmuebles morosos en el impuesto de inmuebles, a sabiendas que la morosidad de cada finca hace mérito ejecutorio para su debido cobro, en concordancia con lo que nos dice al artículo 789 del Código Fiscal, el cual señala que “En las ejecuciones para el cobro de este impuesto podrán embargarse los bienes por los cuales se adeude”. Anoto que no hay cabida para el concepto de “impuesto confiscatorio”.

5– No atender las solicitudes de los contribuyentes con la diligencia de un buen padre de familia y en estricto orden de llegada. La falta de respuestas oportunas por parte de funcionarios no calificados hace que las relaciones fisco-contribuyente se deterioren.

6- No procesar en tiempo oportuno las declaraciones rectificativas de cualquier impuesto y sin importar las consecuencias tributarias de las mismas. Total, la DGI no pierde su autoridad de confirmar su veracidad mediante posteriores auditorías.

7- Mantener en la reconsideración de los procesos fiscales la injusta dualidad de ser juez y parte, sobre todo cuando el contribuyente solicita un peritaje para dilucidar un conflicto de interpretación o aplicación de las normas. Un peritaje independiente sería lo justo.

8– Dejar en el archivo del olvido las solicitudes de devolución de impuestos pagados en exceso o indebidamente por los contribuyentes, amparándose en la ausencia de normas sobre el silencio administrativo positivo. Prima la recaudación sobre la equidad fiscal.

9– No cumplir cabalmente con el texto del artículo 133-F del Decreto Ejecutivo 170 de 1993, tal como fuera reformado por el Decreto Ejecutivo 98 de 2010, que otorga a la DGI un plazo máximo de seis meses “contados a partir de la fecha en que vence el plazo para presentar la declaración jurada de rentas, para pronunciarse sobre la solicitud de no aplicación” del CAIR.

10– Pretender cobrar el impuesto complementario sobre ganancias de capital obtenidas en un período fiscal cuando el resultado total de las operaciones del mismo año es negativo producto de pérdidas en otras actividades gravables. Cabe preguntar por qué pagar un adelanto al impuesto de dividendos si no hay utilidades en el período.

11- Cobrar el adelanto del impuesto sobre la renta (3%) en transferencias no onerosas de bienes inmuebles, violentando lo que señala el literal “a” del artículo 701 del Código Fiscal.

CÁPSULA FISCAL – Perdón por el exceso, pero sin impuestos no hay paraíso y sin equidad fiscal se pierde la voluntad.

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