VENTANA FISCAL

El precio de los errores

El precio de los errores El precio de los errores
El precio de los errores

Osvaldo Lau C.

OPINIÓN

Ciertos beneficios tributarios concedidos mediante leyes especiales, dirigidos a incentivar la inversión privada en ciertas actividades de interés nacional, son interpretados por ciertos funcionarios (situación que no les compete) y luego aplicados erróneamente en perjuicio de esa misma actividad que pretendemos sea uno de los motores de la economía.

Ejemplos de errores sobran, pero les ofrezco tres por el momento:

1 –La actividad de reforestación tiene en la ley 24 de 1992 los incentivos tributarios que le fueron ofrecidos para aumentar el inventario verde de Panamá. Entre esos incentivos está la exoneración del impuesto de inmuebles a los bienes reforestados y registrados en la ANAM (hoy elevada a Ministerio del Ambiente). Resulta que a la poca apreciada pero necesaria actividad de reforestación las autoridades fiscales aplican el beneficio de la exoneración limitándolo a ciclos de 5 años, sin ninguna base o fundamento legal porque la citada ley no limita el beneficio en el tiempo, en concordancia muy posiblemente al largo plazo de dicha actividad.

Los costos y demás gastos adicionales por el trámite de una nueva exoneración corren por cuenta del desilusionado reforestador, quien también deberá afrontar el impuesto de inmuebles cargado en su estado de cuenta después de vencido el ciclo de 5 años, en caso de no haber conseguido la extensión de la exoneración en tiempo oportuno. Eso es injusto y fuera de la letra y espíritu de la ley. Y todo por una mala interpretación y peor aplicación de la norma.

2 – El Patrimonio Familiar (PF) contenido en el artículo 470 y subsiguientes del Código de la Familia, es una institución legal destinada a la protección y sostenimiento de la familia, formada ya sea mediante matrimonio o por la unión de hecho. El PF se constituye mediante solicitud elevada a un Juzgado de Familia, el cual emite una resolución que termina en la Dirección General de Ingresos (DGI) con el fin de exonerar del impuesto de inmuebles a la propiedad de un determinado patrimonio familiar. Una de sus condiciones es que el valor catastral registrado no supere los 100,000 dólares. Además, el PF es una protección interesante pues los bienes incorporados son inembargables e insecuestrables, aunque no lo son ante la existencia de fraude en perjuicio de acreedores.

Ahora bien, tengo en mis manos un estado de cuenta del impuesto de inmuebles de una propiedad de un PF, declarado así por un Juzgado de Familia y finalmente aceptado por la DGI en el año 2010. Todo ello en debida forma. Resulta que la DGI eliminó la exoneración al término de 5 años, sin que ello sea parte de la disposición que regula los PF ni que conste tal limitación en la resolución que emitió la misma DGI. Copio el dictamen de la autoridad fiscal “y se mantendrá (la exoneración) vigente mientras se mantenga declarado como patrimonio familiar”.

Ahora los afectados deberán incurrir en gastos para recuperar un derecho eliminado por un error de los funcionarios a cargo de estos menesteres. Los platos rotos los debe pagar quien los quiebra.

3 – Dentro de este caminar en el área fiscal nos hemos topado con toda clase de errores, algunos con la etiqueta de horrores. Por ejemplo, en un edificio incorporado al régimen de propiedad horizontal se le otorgó la exoneración del impuesto de inmuebles a ciertas fincas (apartamentos) por 20 años en concordancia con las normas respectivas, otras fincas recibieron solamente 10 años y otras quedaron totalmente desamparadas. No hay ninguna explicación lógica. Al final, le queda al contribuyente vigilar sus derechos y contratar a consultores o abogados para proteger sus derechos. Otra vez el gasto corre por cuenta de quien no tiene culpa.

Estoy seguro de que vendrán mejores días en la medida en que funcionarios y público en general se instruyan más en el nunca fácil mundo fiscal.

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