Sobrecostos y compras fraccionadas

Caso Ampyme, en Fiscalía

En la gestión de Burillo se adjudicaron 4 millones 433 mil dólares a una sola empresa en varios contratos.
El Estado paga alquiler por cuatro galeras repletas de productos que no llegaron a emprendedores. Cortesía El Estado paga alquiler por cuatro galeras repletas de productos que no llegaron a emprendedores. Cortesía
El Estado paga alquiler por cuatro galeras repletas de productos que no llegaron a emprendedores. Cortesía

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) interpondrá hoy ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por la adjudicación irregular de 21 millones 633 mil 935 dólares a 18 empresas a través de 137 actos públicos convocados en la administración de Giselle Burillo.

La nueva administración de Ampyme aduce fraccionamiento de contratos que permitieron eludir procedimientos de control en las compras.

Con ello se obviaron pasos en los procesos de homologación, se acortó el tiempo que tenían las empresas proveedoras para presentar sus propuestas a solo cuatro días, y con ello se limitó la competencia.

El manejo de las contrataciones públicas quedó al antojo de la antigua funcionaria, de acuerdo con el equipo legal de la Ampyme.

Si bien la exadministradora de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Giselle Burillo señaló que “el mayor monto durante su gestión se hizo por 250 mil dólares”, las auditorías hechas por la actual administración arrojan otra realidad.

Durante un procedimiento legal se determinó que a una sola compañía se le adjudicaron, a través del proceso de división de materia, 4 millones 433 mil 100 dólares fraccionados en 27 actos públicos.

“Estos hechos, además de ser un delito causan perjuicio contra la administración , por lo tanto las personas que están involucradas tendrán que responder ante los tribunales”, señaló Gurzi Singh, asesor legal de Ampyme.

Otra denuncia que pretende interponer el equipo legal de Ampyme, entidad al mando de Ada Romero, es respecto el gasto de 40 millones de dólares en la compra de equipos que aún permanecen tirados en almacenes arrendados por el Estado.

Un ejemplo de esto, señala Romero “es la adquisión de varios kits de belleza a un costo de 800 dólares cada uno. Sin embargo, el valor real en el mercado es de 14 dólares. Es decir, el Estado habría pagado un excedente de 786 dólares por cada kit. Estas y otras cuentas deben ser aclaradas ante la justicia”, señaló Romero.

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