VALOR RAZONABLE

VALOR RAZONABLE: ¿Cuánto cuesta la corrupción?

CARLOS A. ARAÚZ G.*

OPINIÓN

En los últimos 24 años de vida democrática, Panamá ha sido una de las buenas noticias del hemisferio en lo que respecta a crecimiento económico. Ese crecimiento, aunado a un Estado débil y una evidente ausencia de valores y controles, también permitió que nuestro país fuera escenario de la más obscena y rapaz corrupción. Es claro que al buen panameño le asquea la corrupción, pero quizás no todos entienden los efectos que estos escándalos conllevan: reducción de recursos para gasto público en salud y educación; reducción de inversión extranjera directa; contracción de ingresos corrientes para el Estado; incremento de desigualdad, causando pobreza, por mencionar algunos efectos.

En el año 2013, la firma KPMG presentó un reporte que apuntaba el costo de la corrupción en Colombia en poco más de $800 millones. El clamor reciente de diversos grupos en Panamá apunta principalmente hacia la dimensión judicial; la consecuencia que debe enfrentar el corrupto como el corruptor. Con esto dicho, el impacto económico de la corrupción es un aspecto relevante y con consecuencias nefastas, porque compromete el desarrollo a largo plazo. Es evidente que la corrupción reduce la calidad del gasto público. Esto se traduce en una infraestructura pública de baja calidad, en una menor cobertura y menor calidad de los servicios públicos o en un gasto excesivo con relación a lo contratado. Carreteras y edificaciones sobrevaluadas o innecesarias; equipos defectuosos; personal sin las calificaciones requeridas para el puesto; o sobreprecios son algunas de las consecuencias más comunes de una gestión de lo público que busca beneficiar a privados.

Los costos de la corrupción a veces pueden ser difíciles de calcular, parcialmente por los componentes ocultos o secretos, pero sus efectos son evidentes.

Y es tanto más evidente hoy día cuando en Panamá tendremos un déficit fiscal de 4.1% cuando economías como la brasileña buscan superávits de 1.2%. Queda claro, entonces, que el déficit no llegó a ser un número enorme por deficiencia en recuperación de ingresos o deuda: el robo y el pillaje contribuyeron a nuestro déficit. La corrupción distorsiona programas diseñados para combatir la pobreza y la desigualdad, atentando contra los ciudadanos más vulnerables.

La corrupción genera desconfianza y alimenta el surgimiento o expansión de grupos económicos que, al sacar ventajas ilegítimas de su relación con el Estado, colocan en desventaja a otros, lo que puede terminar comprometiendo la viabilidad y el crecimiento de aquellos que quieren hacer las cosas bien, desincentivando los emprendimientos económicos que no buscan favores.

El costo económico más deprimente de la corrupción es cómo condena a un país porque obliga al Estado a buscar nuevos recursos, vía impuestos o deuda pública, en procura de satisfacer las demandas de la población por servicios públicos o infraestructura, acrecentando la carga que tiene para toda la sociedad.

La impunidad es la negación de la justicia, pero también es la negación del desarrollo porque elimina la efectividad del Estado para cumplir su misión básica de poner a buen uso los impuestos de todos, proveyendo servicios públicos de calidad e impulsar el crecimiento y el empleo. La lucha contra la corrupción y la impunidad es también una lucha por el desarrollo y no ganar esa lucha acarrea un costo altísimo para todos.

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