REALIDADES Y CONSECUENCIAS

Los problemas que no se ven

Una falta de atención a los cimientos invisibles del país podría estar poniendo en riesgo nuestro crecimiento a futuro.

Panamá es un país de contradicciones. Abrir una empresa toma menos de una hora, pero resolver un problema legal de la misma empresa en las cortes locales podría tomar más de cinco años. ¿A qué se debe esta realidad?

El tema cada día gana más relevancia. La diferencia entre la capacidad productiva del país, que se espera que crezca más del 6% este año según el tamaño del producto interno bruto, y su arquitectura institucional ha sido llamada por el Foro Económico Mundial en su nuevo Reporte de Competitividad Global para el período de 2013 y 2014 como uno de los “retos importantes” que deberá enfrentar el país en su transición a una economía más avanzada.

Aunque Panamá lidera los índices internacionales en cuanto a productividad y desarrollo comercial, el Foro Económico destaca que de las 148 naciones que perfila, el istmo tiene el lugar número 118 en independencia judicial.

En comparación, nuestra infraestructura portuaria es la sexta mejor del mundo. El problema es que los puertos no emiten sentencias.

Según el abogado Carlos Gasnell, del capítulo local de Transparencia Internacional, esta diferencia entre ambas realidades se está profundizando más. La tendencia de la robustez de las instituciones, como el sistema judicial, es “a la baja”, apunta.

Una razón por la cual sucede, explica el abogado, es que vender una mejoría institucional no genera popularidad electoral, por lo cual los gobernantes electos no le dedican tiempo ni interés. “No suma votos”, comenta Gasnell. Los votantes no están en búsqueda de inversiones invisibles, sino de resultados físicos y tangibles. Sobre esto, el economista y jurista español Pedro Schwartz explicó la semana pasada durante su estadía en Panamá que “el votante es un ser naturalmente mal informado. Se parece a un partidario del fútbol. Es algo completamente irracional”.

Gasnell atribuye la falta de popularidad del tema institucional a que la ciudadanía no ve “con luces largas la afectación personal que conlleva este debilitamiento, por ejemplo, cuando aumenta la corrupción”. Pero poco a poco, el problema está comenzando a recibir atención, ya que según el Foro Económico, ignorarlo actúa como un freno que impide un crecimiento más fluido de la economía.

Uno de los elementos claves para entender esta realidad es la falta de fondos, producto de este imbalance electoral, con los cuales financiar una mejoría al problema institucional.

En el tema judicial, “la justicia gratuita, expedita e ininterrumpida solo se logrará si el país destina recursos para tales propósitos”, comentó a finales del año pasado Ana Zita Rowe, presidenta de la Asociación de Magistradas y Juezas de Panamá.

La diferencia entre la inversión en las obras visibles, pero no en las esenciales, no es del todo nueva ni tomó por sorpresa al país. Inclusive, en uno de los cables revelados por el escándalo Wikileaks y citado por Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute, se menciona que la embajadora Barbara Stephenson quedó con la impresión de que el mandatario actual de la República, Ricardo Martinelli, “podría estar dispuesto a poner de lado el estado de derecho para lograr sus metas políticas y de desarrollo”.

Esto genera un resultado positivo en las finanzas del país, ya que el aceleramiento de la economía sin las restricciones de la legalidad empuja la tasa de crecimiento, pero por el otro lado, genera un costo social que se va acumulando a lo largo del tiempo.

¿Cómo se puede dar relevancia al tema institucional de forma que los votantes lo tomen como un punto importante y se le dediquen más fondos?

Para Schwartz, “las largas campañas de explicaciones son necesarias”. Esto podría traer más atención a esta realidad, que podría destruir los cimientos del país mientras se construyen los rascacielos encima.

ENFOQUE

La justicia y el desarrollo económico

Eloy Fisher*

economia@prensa.com

OPINIÓN. Sin duda, hoy todos concuerdan en que un sistema legal que garantice las libertades ciudadanas sin distingo de partido, ideología o condición social es fundamental para el crecimiento económico. Al tener las reglas claras, un sistema de justicia sencillo y transparente ofrece tranquilidad a la ciudadanía al saberse protegida de acciones arbitrarias.

Sin embargo, siempre existirán intereses en mantener el sistema de justicia tras procesalismos opacos, ya que cualquier cambio atenta con facilidades de extracción de rentas. Por ejemplo, impedir la competencia entre distintos foros de justicia (como ocurre en Panamá, a través de los recursos legales que pueden interponer partes agraviadas sujetas a un laudo arbitral a través del Decreto Ley 5 de 1999) y peor aún, dilatar la entrada de reformas sustanciales a la administración de justicia (tal como ocurrió con la dilatación del sistema penal acusatorio, que ofrece garantías mayores y transparentes) constituyen reacciones defensivas que podrían salirnos onerosas a largo plazo.

Las raíces del crecimiento dependen sobremanera en inversiones que podrían esfumarse producto de tasas de interés más altas o un contexto adverso en Estados Unidos, especialmente si no existe un deseo de repatriar capitales a largo plazo. Por eso, si queremos en realidad conservar los niveles actuales de crecimiento a largo plazo, debemos proponernos como nación una reforma integral al sistema de justicia para ofrecer mayor descentralización y transparencia –sólo así Panamá podrá ser un verdadero puente para el continente.

El autor es economista

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