VENTANA FISCAL

El proyecto de ley 43, bajo la lupa

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El proyecto de ley 43, bajo la lupa

Recientemente me atreví a leer el texto único del “Proyecto de Ley No. 43” (práctica que dejé de hacer porque se sabe cómo entran los proyectos, pero nunca se sabe cómo salen, hasta que se conviertan en ley), y quedé convencido de que tanto su letra como su alcance y futura aplicación están fuera de lo que se llama lógica elemental. Puntualizo:

1 – Con el proyecto en estudio se pretende gravar solamente el valor catastral de los terrenos de toda propiedad, dejando por fuera del alcance del impuesto de inmuebles las obras permanentes construidas sobre dichos terrenos, mejor conocidas como mejoras para fines catastrales y tributarios. Sus efectos en la recaudación serán catastróficos y fuera de toda lógica, pues hasta existen fincas sin terrenos que solamente tienen mejoras. El proyecto de ley 43 repite nueve veces el concepto de “terrenos”, como para no dejar dudas sobre su pretensión.

2 – En su desfile de confusiones el proyecto señala que “se entiende por base imponible únicamente el valor catastral del terreno”, pero igual se señala que “la base del cálculo de este impuesto será el mayor valor” entre a) el avalúo catastral de la propiedad que establezca la Dirección Nacional de Información Catastral y Avalúos de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, b) el precio del terreno producto de la transferencia del mismo o c) el avalúo del terreno en un juicio de sucesión. O sea que después hemos de discutir qué es el valor catastral para compararlo con el precio del terreno, y cómo y quién determina dicho “precio del terreno”.

3 - Se pretende extender la exoneración del impuesto a todos los inmuebles “cuya base imponible, no exceda el monto mínimo para calificar como viviendas de interés social para los efectos del valor vigente límite, para el rango del beneficio de los intereses preferenciales”. Ese valor límite actualmente es de 120 mil dólares, pero tiene fecha de cumpleaños, pues de acuerdo con la Ley 63 de 2013 los préstamos hipotecarios con intereses preferenciales solamente podrán otorgarse hasta el 21 de mayo de 2019 (véase “Ventana Fiscal”, La Prensa, del 22 de enero de 2017). ¿Y después qué?

4 – Igual se ofrece la exoneración a “la vivienda principal y permanente del contribuyente, que a nombre propio o a nombre de entidades jurídicas cuyos beneficiarios finales sean de la tercera edad, jubilados o pensionados”… Definitivamente hay que estar en el ambiente tributario para legislar beneficios que quedan a merced del juega vivo y sin control fiscal en perjuicio del fisco panameño. Otra vez remito a los estudiosos del tema al artículo antes mencionado.

5 – En la modificación del artículo 773 del Código Fiscal se confirma la autoridad de la Dirección General de Ingresos para ejercer todas las acciones legales para cobrar la morosidad del impuesto de inmuebles y sus respectivos intereses. Quedaron por fuera los recargos por morosidad establecidos en la Ley 25 de 2014. No obstante, cabe recomendar la inclusión de la solución al tranque fiscal mediante la incorporación de normas sobre el silencio administrativo positivo.

6 – El mismo artículo señalado en el numeral anterior deja en manos de la Corte Suprema de Justicia resolver los casos de nulidad de las resoluciones sobre nuevos valores catastrales, a fin de que el contribuyente pueda recuperar los impuestos e intereses pagados indebidamente (sin hacer mención de los recargos). Habrá que esperar a que resuelvan primero los casos de habeas corpus y la mora judicial.

7 – O es un olvido o es un proyecto premeditado con un propósito escondido, pues no hay ninguna duda de que creará una crisis en los planes municipales al colisionar con el artículo 112-F de la Ley 37 de 2009, adicionado por la Ley 66 de octubre de 2009, conocida como la Ley de Descentralización.

8 – Tampoco se ofrece la renta sustituta para reemplazar impuestos cobrados y por cobrar.

Cápsula fiscal

– Lo más complicado de todo este proyecto de ley No. 43 es la pretensión de hacer las modificaciones retroactivas al 1 de enero de 2015. ¿Se pueden imaginar el caos que causará el reproceso del impuesto de inmuebles? ¿Se imaginan los créditos que se producirán por impuestos ya pagados? ¿Y dónde quedarán las transferencias de la recaudación del impuesto de inmuebles a favor de los municipios, sus planes de inversión y el costo de las nuevas estructuras administrativas?

Tal parece que se está jugando a la política, pues sus promotores ganan puntos y se deja al Órgano Ejecutivo el papel del chico malo cuando sea vetada la ley del caso.

(El autor es asesor fiscal)

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