VENTANA FISCAL

El síndrome de la corrupción

El síndrome de la corrupción El síndrome de la corrupción
El síndrome de la corrupción

“Un síndrome se caracteriza por agrupar diversos síntomas que son propios de una determinada enfermedad o bien describe al grupo de fenómenos propios de una situación específica”.

Así, en el síndrome de la corrupción se concentran síntomas de una determinada actitud del ser humano, que en este caso es la de apropiarse de lo ajeno o permitir actos ilícitos con conocimiento de causa, muchas veces aprovechándose de la autoridad pasajera del corrupto.

En Panamá, igual que en otras jurisdicciones, existen leyes que intentan ponerle fin a la corrupción, pero mientras no se apliquen con el rigor de las mismas o no se implementen las disposiciones necesarias para castigar ejemplarmente a los corruptos, la fiesta ha de seguir tan campante como la saloma del campesino.

Para muestra, basta asomarnos a la Ley 59 de 29 de diciembre de 1999: “Que reglamenta el artículo 299 de la Constitución Política y dicta otras disposiciones contra la corrupción administrativa”, y que se refiere a la Declaración Jurada de Estado Patrimonial (DJEP) de los servidores públicos.

Para esos que se alimentan de la cosa pública, se cuenta con multas establecidas en el artículo 4 que copiamos a continuación:

“Artículo 4. Al servidor público obligado a presentar declaración jurada de su estado patrimonial que incumpla esta obligación, se le suspenderá el pago de sus emolumentos hasta tanto presente la declaración. Cuando el incumplimiento ocurra al

término de las funciones, será sancionado con multa por la Contraloría General de la República, sin perjuicio de la responsabilidad penal”.

Además de la venialidad de las sanciones, la ley 59/1999 indica que las DJEP serán entregadas a quienes son responsables de velar por el patrimonio de la Nación, que a su vez son servidores obligados.

¿Se imaginan al contralor y al subcontralor general de la nación entregándose sus respectivas declaraciones, con venia y todo? Ah…., y si no cumplen se imponen ellos mismos las sanciones que señala la ley. Ni un libreto de Tres Patines hubiese sido mejor. Salvo el caso de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no recuerdo otro caso de imposición de sanciones a funcionarios que hayan sido señalados partícipes de actos de corrupción. Y como todos son parte del mismo equipo de gobierno, la tarea se hace complicada y casi imposible de cumplir.

En repetidas ocasiones, he señalado que las DJEP deben ser entregadas a una institución especial que vele por el estricto cumplimiento de la ley y que imponga las sanciones de rigor, las cuales deben ser de mayor calibre a fin de meterle miedo al caso. Esta institución producto de una nueva ley deberá estar fortalecida e investida del poder necesario para revisar, auditar, investigar y confirmar la procedencia de los fondos e imponer las sanciones del caso. Pero las leyes de por sí no bastan. Es necesario aplicarlas, pues de lo contrario habrá que leerlas en el cementerio.

Pero la corrupción no late solamente en el sector público. En la empresa privada también se dan actos de corrupción, empezando con la evasión fiscal que implica robarle al Estado del cual todos somos parte.

Finalmente, la corrupción es un flagelo que destruye a la sociedad y hace metástasis en la familia, base fundamental de la primera. Bien se puede concluir que la corrupción no es producto de la necesidad y que más parece ser parte de la oportunidad y de los ejemplos impunes que han dado los casos más sonados en muchas partes del mundo.

CÁPSULA FISCAL –Queda pendiente la parte fiscal. Porque los nuevos ricos han hecho fortuna al margen de la ley y deben pagar sus consecuencias, que se extienden desde las sanciones penales hasta las consecuencias fiscales. Combatir el síndrome de la corrupción es un deber de todos.

El autor es consultor fiscal

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