VENTANA FISCAL

El trauma de la morosidad

El trauma de la morosidad El trauma de la morosidad
El trauma de la morosidad

Osvaldo Lau C.

OPINIÓN

Con verdadera preocupación estamos percibiendo que los temas fiscales están siendo utilizados para fines políticos dejando por fuera los intereses del Estado panameño que deben privar sobre los particulares.

Para reclamarle al Estado lo que no hace o lo que hace mal, y mucho más, tenemos que ganarnos el derecho que nos da estar a paz y salvo con el Tesoro Nacional según nuestras obligaciones como contribuyentes. Tributar es contribuir a pagar el costo de vivir en Panamá.

No pagar los impuestos y demás tributos que nos corresponden es participar en el fraude fiscal y limitar los recursos del Estado para cumplir sus diferentes misiones y compromisos.

Aunque no podemos negar el tradicional derroche de los recursos del Estado, ello no nos da el derecho a reclamar la corrupción si estamos en el peligroso juego de la defraudación fiscal.

El impuesto sobre la renta (ISR), por ejemplo, está concebido para que quienes obtengan utilidades paguen una cuota al Estado que les da esa oportunidad.

Aunque es justa la molestia de que las pérdidas muy pocas veces se comparten.

Caer en incumplimiento del ISR le da al Estado el derecho a cobrarlo por la vía ejecutiva, rematando cualquier bien que tenga la persona morosa, incluyendo depósitos bancarios, acciones, cuentas por cobrar y hasta bienes inmuebles aunque estén al día en su propio impuesto.

El impuesto de inmuebles, que tiene características sociales bien marcadas, es un tributo diferente que tiende a gravar los bienes inmuebles según el valor registrado ante la autoridad catastral del Estado.

El impuesto como tal no es confiscatorio ni atenta contra la seguridad de quienes han logrado la inversión más importante de su vida.

El concepto confiscatorio, si aceptamos la expresión salida de contexto, responde al incumplimiento de los deberes de su propietario, pues ante cualquier morosidad le corresponde a la autoridad fiscal actuar en concordancia con sus obligaciones legales en defensa de los intereses del Estado. Y por supuesto que por morosidad se puede perder la propiedad,

El impuesto a la transferencia de bienes corporales muebles y a los servicios (Itbms) es el impuesto que exige mayor atención, pues sus disposiciones legales nos convierten en contribuyentes al ser últimos en la cadena (el consumidor) o por ser agentes del Fisco al cobrarlo a nuestros clientes o por retener parte del mismo a nuestros proveedores de bienes y servicios de acuerdo con las últimas normas. El incumplimiento en el pago al Fisco nacional califica de defraudación fiscal de acuerdo al Parágrafo 20 del artículo 1057- A del Código Fiscal.

Nadie puede negar la necesidad y obligación del Estado de recaudar los impuestos establecidos en nuestras leyes, tan necesarios para pagar el costo de sus diferentes obligaciones; veamos solamente tres de ellas:

1 - la seguridad, que es la base necesaria para mantener la paz social y el progreso que todos anhelamos,

2 - la educación, que es la herramienta indispensable para el desarrollo individual, social y del mismo Estado,

3 - la salud gratuita que debe ofrecer el Estado a aquellos que no tienen acceso a la atención médica privada, cuyo costo es impagable por la mayoría de las personas.

Cabe recordar que todo incumplimiento en el pago de impuestos dentro de los plazos establecidos por ley da margen al recargo automático de 10% y a los intereses por morosidad, de acuerdo al artículo 1072-A del Código Fiscal, tal como quedó establecido en el artículo 10 de la ley 25 de 2014.

CÁPSULA FISCAL: Las sanciones económicas y penales que tiene cada impuesto en forma particular por el incumplimiento de las obligaciones tributarias deben ser más enérgicas a fin de disminuir la evasión fiscal, que posiblemente ronda en más de 500 millones al año. Pero no basta tener leyes que solo sirven de amenaza. Es necesario su debida y justa aplicación, sin intereses políticos. El mensaje está dado.

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