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Como si hubiese sido poco que en la administración Martinelli se hayan saqueado las arcas del Estado, ahora resulta que Federico José Suárez, el otrora socio del expresidente y encargado del Ministerio de Obras Públicas durante su administración, dejó el cargo en medio de un problema que pudo costarnos millones de dólares. Se trata de un contrato mediante el cual se le otorgó a IBT y a una de sus filiales las plantas asfalteras del Estado. Según el contrato firmado por el exministro, el Estado debía comprarle a IBT, al menos, el 80% de su producción. Pero, pese a que Suárez y su ministerio pavimentaron cuanta calle, camino o carretera con asfalto –incluso donde no se necesitaba– nunca le compró el producto a IBT. Si no lo hizo porque no era de calidad, entonces debió rescindir el contrato, pero en ningún caso debió dejar este problema que él creó al firmar esta concesión. En especial, por el historial de esta empresa, cuyos contratos terminan con adendas que aumentan sustancialmente el costo de las obras en las que interviene. Ojalá que se haga realidad el retiro del arbitraje por una indemnización que exige IBT de 50 millones de dólares. Y que Suárez nos dé explicaciones creíbles sobre este asunto.

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