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La Ley 55 de 2012, “que modifica y adiciona artículos al Código Procesal Penal relativos a los procesos contra los miembros de la Asamblea Nacional”, se constituyó en un privilegio exclusivo de la clase política. Esta norma es la evidencia clara de las intenciones de impunidad que gran parte del cuerpo legislativo, tanto de entonces como de ahora, mantenía frente al manejo de la cosa pública y los asuntos de Estado. Actualmente dos acciones de inconstitucionalidad que fueron interpuestas contra esta ley blindaje esperan una sentencia. A estos procesos se suma una advertencia de inconstitucionalidad solicitada por un magistrado fiscal y que también enfrenta la burocracia judicial. Tanto la Asamblea, que se ha negado a derogar esta ley infame, como la Corte Suprema de Justicia, que ha rehuido decidir sobre su inconstitucionalidad, conocen que las cortapisas establecidas no permiten la adecuada investigación de los delitos de sus colegas. La paciencia de los ciudadanos se agota: los diputados y los magistrados son responsables de que se perpetúe la impunidad de los peores delincuentes que ha conocido nuestra historia republicana. En materia del derecho penal, y en la conciencia del pueblo, los cómplices también son criminales.

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