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El juez de garantías en el proceso contra Ricardo Martinelli –acusado de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública– tiene sobre sus hombros una doble tarea. Por un lado, al imputado se le deben garantizar todos sus derechos en la defensa de su caso. Las actuaciones del magistrado deben ser estrictamente apegadas al derecho y garantizar una causa limpia, transparente y sin atisbo de acciones u omisiones que pongan en duda la pulcritud del proceso. Del otro lado, el juez de garantías debe recordar que la ley es para todos y ello no excluye al hombre que fue el más poderoso del país, y que, aunque ya no lo sea, el radio de su influencia sigue siendo amplio y profundo, incluso, en la misma Corte Suprema de Justicia. Sus acciones jamás deberán estar influenciadas por ese poder del que hizo gala el exgobernante y más bien nunca debe olvidar que no son hechos cualquiera de los que se acusa al expresidente. Se trata de violaciones a los derechos humanos a decenas y decenas de personas, víctimas que merecen un resarcimiento ejemplar. Imparcialidad y justicia es lo que se espera de este juez.

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