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Extrañas vueltas da el destino. La Ley 55 de 2012, conocida como “ley blindaje”, fue impulsada y firmada por el diputado y sus adláteres. Esta norma restringió la capacidad de investigación criminal de aquellos personajes que, valiéndose del cargo de diputado de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano, fueran sospechosos de haber cometido un ilícito. Esa misma ley estableció que el magistrado-fiscal, encargado de investigar a los diputados, debía expresar su solicitud para elevar la causa a juicio para que el magistrado juez de garantías la calificara. Es decir, no hay audiencia de imputación. Lo que se pensaba que era una llave maestra contra todos los candados se transformó en una cadena con grilletes. Ahora corresponde al magistrado juez de garantías demostrar su compromiso con la justicia para que en Panamá, finalmente, al igual que en Guatemala o Costa Rica, se pueda juzgar, “caiga quien caiga”, a los poderosos del dinero y de la política. No hay crimen perfecto y lo que se intentó obtener con el blindaje, hoy parece volverse un lastre del cual mañana se podrán arrepentir quienes lo auparon para cometer sus fechorías. Le compete a los inquilinos del palacio Gil Ponce concluir con dos tragedias simultáneamente: la inconstitucionalidad de la “ley blindaje” y la impunidad de la clase política. La Nación espera un nuevo amanecer en la justicia panameña.

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