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La Corte Suprema de Justicia nació el 21 de noviembre de 1903. Un decreto elaborado por Carlos A. Mendoza le dio forma y con el impulso de su primer presidente, Gil Ponce, el Órgano Judicial cobijó con legalidad a la nueva República, bajo el mandato claro de hacer viable el país con una justicia legítima y confiable. En sucesivas ocasiones, la Corte tuvo la estatura moral para rescatar el país de los atolladeros en que la politiquería doméstica lo sumía. Después de la dictadura militar, la Corte recogió los pedazos de institucionalidad judicial, y con ellos empezó a construir una esperanza. Varias administraciones de la Corte fortalecieron sucesivamente al Tribunal Electoral, protegiéndolo de las leguleyadas criollas. Sin embargo, la Corte ha sufrido un terrible deterioro, tanto en la calidad de sus fallos, como en la integridad de sus sentencias. Hoy la Corte carece de toda credibilidad. Por confesión de uno de los magistrados, se confirma la abierta injerencia de los poderes ejecutivos en los asuntos íntimos de la justicia. Aunque había esperanzas de que esto cambiara para mejor, los acontecimientos de las dos últimas semanas indican otra cosa. Los magistrados José Ayú Prado y Harry Díaz, si tienen alguna reserva moral de respeto hacia la patria, deben renunciar a la Corte inmediatamente para permitir que se inicie la renovación ética que la justicia panameña necesita. No puede haber marcha atrás después de todo lo que se ha divulgado. La justicia se ha convertido, ante los ojos de la ciudadanía, en un bazar, sometida a las pujas del mejor postor. Panamá y su Estado de derecho se merecen un nuevo comienzo. Hay que salvar el sistema penal acusatorio, erradicar la corrupción y combatir la mora judicial. En este sentido, el Ejecutivo aún tiene varias oportunidades por delante para designar abogados probos que estén a la altura de conformar un cuerpo colegiado capaz, honesto e independiente. En corto plazo se debe nombrar al sustituto de Alejandro Moncada Luna –hoy preso en El Renacer–, a tres suplentes que están pendientes, y a mediano plazo, los reemplazos de Oydén Ortega y Jerónimo Mejía. Presidente Varela, cúmplale al país, tiene entre manos una responsabilidad histórica. Señores magistrados Ayú Prado y Díaz, por su dignidad y cualquier ápice de decencia que les quede, renuncien y terminen con su bochornosa y trágica actuación.

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