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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) insiste en desalentarnos a los panameños. Según los artículos 155 y 206 numeral 3, de la Constitución Política, los diputados solo pueden ser juzgados por el pleno de la CSJ. Por esta razón, el Tribunal Electoral (TE) le ha remitido los expedientes penales vinculados a un diputado principal y a su suplente, por la presunta comisión de un delito electoral. Asombra que siete de los nueve magistrados de la CSJ hayan decidido, el 30 de diciembre de 2015, que el máximo tribunal no es el competente para este caso, y que el TE debe resolverlo. No sería descabellado suponer que si el órgano electoral condena a los diputados, la CSJ declare nulo el juzgamiento, otorgándole un nuevo blindaje a los parlamentarios. Solo los magistrados Oydén Ortega y Jerónimo Mejía objetaron semejante barbarie. El resto de sus colegas se burla de la carta magna y nos abruma con su cinismo y su compromiso de garantizar la impunidad de la clase política. Esa es la realidad que muestra quien debe ser la guardiana de la Constitución. Solo queda cuestionarnos: ¿Existe alguien en Panamá que proteja nuestros derechos y libertades?

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