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Con la Ley 24 de 1992 se estableció un régimen de incentivos a la industria forestal por 25 años, que está por expirar. Este marco normativo definió la actividad forestal en forma simple: la extracción de madera proveniente de plantaciones. La actividad forestal puede ser mucho más que la tala y la reforestación con especies maderables. Un árbol es un hábitat para otras especies, ayuda a retener los suelos, regula los microclimas y favorece la conservación del agua. La gravísima destrucción de valiosos ecosistemas del país y el desafío del cambio climático reclaman un nuevo esquema estratégico de manejo forestal que recompense la reforestación, pero que incentive la conservación de bosques en tierras privadas y pagos por servicios ambientales a quienes garantizan agua sana, aire limpio y suelos ricos en nutrientes. Un bosque primario con sus decenas de especies por hectárea, jamás podrá ser sustituido con una plantación forestal de una sola especie, que de todas formas está destinada a ser talada. El debate de la renovación de los incentivos forestales es la mejor oportunidad para construir una política de bosques y conservación de suelos y agua que convierta a Panamá en una vitrina ambiental para el mundo.

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