CARGO DE PETRO, EN PELIGRO

Alcalde de Bogotá enfrenta demanda

En Colombia, la ley impide el ejercicio de cargos públicos a las personas condenadas penalmente.

Gustavo Petro , alcalde de Bogotá y exguerrillero del desmovilizado Movimiento 19 de abril (M-19), enfrenta un proceso judicial que podría hacerle perder el cargo debido a una condena en los años 1980 por su militancia rebelde, confirmó un portavoz de su despacho.

“Hasta ahora recién lo están llamando para que dé su declaración. Pensamos que habrá varias audiencias”, comentó a la AFP un portavoz de la alcaldía.

Petro fue citado para el próximo 24 de julio ante el Consejo de Estado, la máxima instancia de justicia administrativa, para responder por una demanda iniciada por el concejal Orlando Parada, del partido de La U (derecha), según la cual no debería ejercer su cargo debido a que fue condenado penalmente en 1985 por porte ilegal de armas.

Debido a esa condena, Petro se encontraba preso cuando el M-19 tomó en noviembre de 1985 la sede del Palacio de Justicia, uno de los episodios más sangrientos de la historia reciente de este país.

En Colombia, la ley impide el ejercicio de cargos públicos a las personas condenadas penalmente.

“Para claridad de la opinión pública, anoche (lunes por la noche) el Consejo de Estado no aceptó la demanda contra mí, lo hizo hace varios meses”, escribió Petro en su cuenta de la red social Twitter al confirmar la citación y evocando que el proceso no es nuevo sino que comenzó en el momento en el que asumió, el pasado 1 de enero.

Petro ya había sido demandado anteriormente sin éxito por el mismo concejal Orlando Parada.

La primera vez para impedir su candidatura presidencial en las elecciones de 2010 y al año siguiente para vetar su postulación en los comicios por la alcaldía de Bogotá.

Por otra parte, el exgobernador del colombiano departamento Bolívar (norte) Libardo Simancas fue condenado este lunes a tres años y siete meses de prisión por sus vínculos con paramilitares de extrema derecha que le habrían ayudado a ganar los comicios de 2003, anunció la Corte Suprema.

Además de la pena de prisión, el exgobernador deberá pagar mil 847 millones de pesos, equivalentes a poco más de un millón de dólares.

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