Aumentan críticas a lujos de represores

Fiscal judicial destacó que militares condenados por violaciones a DDHH pagan sus condenas en condiciones privilegiadas.

Agradables cabañas, cancha de tenis, piscina, televisión y contacto permanente con sus familias.

Diez militares condenados por violación de derechos humanos en Chile están recluidos en una cárcel especial bajo inmejorables condiciones, pero que ahora podría ser cerrada.

Para el martes pasado, en el Penal Cordillera, en la precordillera de Santiago, se había organizado un asado de camaradería para homenajear a uno de los internos, pero en medio de fuertes cuestionamientos por los privilegios que tienen estos reos finalmente la celebración se suspendió.

En total, son 10 los militares en retiro que cumplen condena aquí, vigilados por 35 gendarmes. Entre ellos está Manuel Contreras, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, la temida policía política que operó en los años más sangrientos de la dictadura, y quien acumula cientos de años de cárcel por sucesivas condenas por secuestros, ejecuciones y torturas.

Los reos aquí viven en cinco cabañas en medio de áreas verdes, con baño privado, agua caliente, bastante luz natural y equipadas con electrodomésticos. Reciben dietas diferenciadas dependiendo de sus requerimientos de salud.

“Tienen acceso a radio, música, televisión, a lectura, actividades deportivas y religiosas”, además de “contacto permanente con sus familias”, según un reciente informe de la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, María Loreto Gutiérrez.

Contreras vive solo en una cabaña y el resto las comparten.

Tras la reciente conmemoración de los 40 años del golpe de Estado que instauró la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y una entrevista que concedió Manuel Contreras a varios medios de comunicación, en la que se jactó de las condiciones en que cumplía su condena y negó todos los cargos en su contra, las autoridades analizan el cierre del penal.

El presidente Sebastián Piñera, el primer mandatario de derecha desde el fin del régimen de Pinochet, solicitó una serie de informes para estudiar la clausura del recinto. Su idea es trasladar a los reos a Punta Peuco, otra cárcel especial que alberga a 45 militares pero que tiene un régimen de reclusión más estricto.

“Lo que estamos viendo y analizando es si se justifica la mantención del Penal Cordillera”, dijo Piñera el domingo pasado.

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