REUNIÓN DE GUAYAQUIL PRESENTA OCHO PROPUESTAS

Avanza reforma de la CIDH

Activistas advierten que las propuestas esconden la intención de debilitar los mecanismos que protegen los DDHH, especialmente la libertad de expresión.

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Los Estados signatarios del Pacto de San José acordaron la noche del lunes en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, un paquete de ocho reformas al funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relativas al lugar de su sede, su financiamiento y el origen de sus miembros, entre los principales, comunicó la Cancillería ecuatoriana. (Ver cuadro)

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador en internet (www.mmrree.gob.ec/), en la reunión de Guayaquil participaron representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Honduras, República Dominicana, Guatemala, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Haití, México, Nicaragua, Uruguay, Venezuela y Paraguay. Panamá no apareció en la lista.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos (DDHH) en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

Hasta hoy han suscrito la convención 23 países.

Si bien la propuesta –impulsada por el bloque de los países del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América– que hoy lidera el presidente Rafael Correa, ha sido presentada como una forma de introducir correctivos en una organización plagada de problemas como la OEA, activistas de los derechos humanos advierten que su intención no es sana.

El más notorio, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, explicó, en una entrevista concedida en febrero a este diario, que están preocupados porque la verdadera motivación de los esfuerzos por “reformar” la CIDH es mutilarla. En lo fundamental –explicó Vivanco– las reformas persiguen limitar las funciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en cuanto a su capacidad de dictaminar medidas cautelares, es decir, suspensión de acciones por parte de los Estados en casos que tramite por violaciones de derechos humanos; la adopción de un código de conducta para la Relatoría; la limitación en cuanto a emitir informes sobre la observancia de los gobiernos en materia de derechos humanos, y el recorte de recursos para funcionamiento.

El activista fue enfático al señalar que se intenta “utilizar la plataforma de la democracia para consolidar modelos totalitarios”.

Las reformas que propugnan, entre otras cosas en “igualar” las relatorías estarían encaminadas a restarle fuerza a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, porque si se consigue acallar las voces críticas de los medios independientes, la democracia se queda sin piso.

Los medios latinoamericanos han denunciado enérgicamente que las reformas propuestas atentan contra la existencia misma del sistema de defensa de los derechos humanos del continente. De hecho, el mismo lunes 11 de marzo, horas antes de que se concretara la reunión de Guayaquil, la Sociedad Interamericana de Prensa expresó, en el documento que recoge las conclusiones de la reunión semestral celebrada en la ciudad mexicana de Puebla, su “fuerte preocupación y el más enérgico rechazo a cualquier intento de debilitamiento de la CIDH y de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA que pueda producirse en la reunión de cancilleres” del próximo 22 de marzo en Washington.

“La libertad de prensa en las Américas sigue jaqueada por gobiernos autoritarios e intolerantes” y por una “violencia que no parece encontrar límites”, contrarias ambas al periodismo crítico, apuntaron.

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