CONFLICTO ARMADO ENTRE GOBIERNO Y LAS FARC

CIDH escucha a las víctimas

Se busca garantizar la participación de las víctimas para proteger su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
Ayer se realizó el foro Colombia abraza a las víctimas de las FARC. XINHUA. Ayer se realizó el foro Colombia abraza a las víctimas de las FARC. XINHUA.
Ayer se realizó el foro Colombia abraza a las víctimas de las FARC. XINHUA.

Víctimas del conflicto armado de Colombia pidieron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado colombiano juzgue como autores y no como encubridores a altos mandos militares acusados de ejecuciones extrajudiciales o lo que se conoce en el país como “falsos positivos”.

“Las víctimas consideramos que, al ser comandantes de las unidades militares con responsabilidad en las ejecuciones, hay que juzgarles como autores y no como encubridores”, alegó Alejandro Malambo, de la Comisión Colombiana de Juristas.

La diferencia entre ambos cargos penales son 25 años de cárcel, destacó Malambo, en la primera jornada del 153 período de sesiones del organismo autónomo de la OEA.

Los peticionarios, entre los que se encuentra el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), solicitaron a Colombia que garantice “la participación efectiva” de las víctimas en el proceso para salvaguardar su derecho a “la verdad, la justicia y la reparación”.

Malambo consideró “insólito y paradójico” que, durante los juicios, las víctimas puedan pedir la presencia de los acusados pero no interrogarles, ya que esa práctica se delega en la fiscalía. A su juicio, esto produce una “alarmante impunidad”.

“Ese es el caso de los 16 jóvenes desaparecidos y asesinados en Soacha. Seis años después solo existen dos condenas”, resaltó el jurista, en referencia los jóvenes asesinados en 2008 y presentados por las fuerzas de seguridad como “guerrilleros muertos en combate”.

“Hay aspectos del sistema penal acusatorio que deben mejorar”, admitió el representante de la Fiscalía General, Francisco Echeverri, quien dijo que el Gobierno tiene una visión “absolutamente diferente” sobre las ejecuciones. A su juicio, no existe “ningún tipo de impunidad”, porque el sistema judicial protege los derechos de las víctimas y no ampara a los altos mandos militares, a los que también condena.

“Hay 33 coroneles, 3 tenientes coroneles, 11 mayores, 22 capitanes y 64 tenientes condenados”, detalló Echeverri, quien explicó que, en total, hay casi mil procesados por “falsos positivos” y más de 2 mil 200 detenidos por estos “graves crímenes”.

Otro punto abordado fue el de las indemnizaciones. Bianca Irene López Garzón, de la Corporación Jurídica Yira Castro, criticó que, con la nueva ley, las compensaciones a las víctimas pasaron de 27 salarios mínimos a 17.

“Las víctimas salen del conflicto armado para caer en la trampa de la pobreza”, dijo Malambo, quien cree que se debería indemnizar a las víctimas no conforme a criterios de fiscalidad, sino de derechos humanos.

Sin embargo, el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, explicó que el objetivo del Estado es “encontrar las formas más inteligentes y equitativas” de que el país supere el conflicto.

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