RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

CIDH rechaza fallo en Ecuador

La sentencia condena a opositores por expresar opiniones sobre el presidente Rafael Correa en los sucesos de 2010.
Correa demandó a los opositores, por considerar sus opiniones injuriosas. AP/Dolores Ochoa. Correa demandó a los opositores, por considerar sus opiniones injuriosas. AP/Dolores Ochoa.
Correa demandó a los opositores, por considerar sus opiniones injuriosas. AP/Dolores Ochoa.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó ayer su preocupación por la decisión de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador de condenar a un año y medio de prisión al asambleísta opositor Cléver Jiménez y otros dos ecuatorianos por injurias al presidente Rafael Correa.

En un comunicado, la relatoría lamentó la decisión del tribunal, del pasado 15 de enero, que condena además a un año y medio al asesor de Jiménez, Fernando Villavicencio; y a seis meses de prisión al secretario de la Federación Médica Ecuatoriana, Carlos Figueroa.

Los tres fueron denunciados por el Presidente por unas acusaciones que le hicieron en relación con los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, cuando Correa estuvo retenido durante varias horas en un hospital de Quito en medio de una revuelta policial.

Los condenados acusaron a Correa de haberse trasladado a las instalaciones de una universidad para planear su rescate y regresar al hospital y ser liberado.

Presentaron una denuncia con esta versión en la Fiscalía, que la calificó de temeraria y maliciosa al no haber demostrado esas acusaciones y no la acogió, por lo que el mandatario inició un juicio por injurias, que se alargó hasta la decisión del tribunal, el 15 de enero.

La relatoría recordó que la CIDH, basándose en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “ha establecido hace más de una década que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos es desproporcionada y vulnera por ello el derecho a la libertad de expresión”.

En particular, la CIDH ve “desproporcionado” el uso del derecho penal “para proteger la honra de servidores públicos frente a las denuncias relacionadas con el ejercicio de sus funciones, formuladas ante las autoridades correspondientes”, sostuvo la relatoría.

“Según la comisión, la imposición de sanciones penales por las expresiones utilizadas en las denuncias ante las autoridades, puede conducir a impedir o inhibir el control social sobre los funcionarios públicos”, agregó.

“Como lo ha sostenido la Corte Interamericana (de Derechos Humanos), el derecho humano fundamental a la libertad de expresión, consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos, no solo protege la información y las opiniones que resultan complacientes o inofensivas”, acotó.

Ese derecho resguarda además, y “especialmente”, aquellas opiniones “que pueden perturbar o incluso ofender a los funcionarios públicos (...) así lo exige el espíritu de pluralismo, tolerancia y apertura que es esencial en una sociedad democrática”, añadió.

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