HISTÓRICAS SENTENCIAS POR CORRUPCIÓN EN BRASIL

Cae mito de políticos intocables en Brasil

El expresidente Luiz Inácio ´Lula´ da Sivla, negó siempre cualquier vinculación con el caso y fue excluido del juicio.

Las condenas por corrupción impuestas a tres excolaboradores del expresidente Lula derrumbaron la idea de que en Brasil los políticos eran intocables, pero según analistas todavía es muy temprano para saber si un fallo cambiará la larga tradición de manejos oscuros en la política.

“Es posible que después de que se confirmen las sentencias se moralice un poco la política, pero nada va a cambiar de la noche a la mañana. No habrá un cambio radical en las costumbres de los partidos y los electores”, dijo a la AFP Ivar Hartmann, profesor de derecho constitucional de la Fundación Getulio Vargas.

Ayer martes la oposición y gran parte de la prensa aplaudió la histórica decisión del Supremo Tribunal Federal de condenar a 10 años y 10 meses de prisión a José Dirceu, exjefe de gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva. Dirceu, un exguerrillero de 66 años, fue presentado por los jueces como el principal responsable de una red que desvió dineros públicos para comprar apoyos en el Congreso durante el primer mandato de Lula (2003-2007). El exmandatario, que pese al escándalo fue reelegido para un segundo mandato consecutivo que concluyó a finales de 2010 con una altísima popularidad que persiste hasta hoy, negó siempre cualquier vinculación con el caso y fue excluido del juicio.

Dirceu –aún en libertad– consideró injusto el fallo y prometió luchar desde la cárcel para probar su inocencia. Junto con él también fueron sentenciados José Genoino y Delubio Soares, expresidente y extesorero del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) que gobierna Brasil desde hace nueve años.

“Fue un juicio con tendencias políticas, con presión muy fuerte de los grandes medios de comunicación”, criticó en un video el presidente del PT, Rui Falcao, quien se declaró triste e indignado con la “decisión injusta” de los magistrados.

El fallo contra los dirigentes del PT, que deberá ser ratificado al final del juicio, fue recibido como un avance en la lucha contra la corrupción y la impunidad, males que históricamente han aquejado a la sexta economía del mundo.

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