Comienza juicio por espionaje en Colombia

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia inició ayer la fase del juicio en el proceso contra dos altos funcionarios del anterior gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) acusados de participar en un caso de espionaje ilegal practicado por el servicio secreto.

El juicio es contra Bernardo Moreno, que fue secretario general de la Presidencia y está preso, y contra María del Pilar Hurtado, que fue directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio secreto) y está asilada en Panamá desde el año pasado.

La Fiscalía General presentó contra Hurtado una acusación por concierto para delinquir agravado, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones, peculado por apropiación y falsedad en documento.

La imputación contra Moreno se refiere a concierto para delinquir, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones.

El juicio debía haber comenzado a principios de este mes, pero surgieron dificultades cuando varios magistrados que integran la Sala Penal se declararon impedidos porque fueron víctimas del espionaje.

La defensa pidió la nulidad del proceso porque uno de los conjueces designados para sustituir a los magistrados titulares fue abogado de un periodista que también fue víctima de seguimientos y escuchas ilegales, aunque la petición fue denegada por el tribunal.

Durante la primera jornada del juicio la fiscal general, Viviane Morales, dijo que citará a declarar al ex jefe paramilitar Diego Murillo, alias Don Berna, y al narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias El Tuso.

El abogado de Moreno, Jaime Granados, que también asesora a Uribe en la investigación que efectúa el Congreso por el espionaje, dijo que pedirá una ruptura procesal para que su cliente no sea juzgado junto con Hurtado.

El espionaje se conoció en febrero de 2009, cuando una revista reveló que el DAS hizo seguimientos y escuchas contra dirigentes opositores, magistrados de la Corte Suprema, periodistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos sin autorización de un juez o un fiscal, por lo que la práctica fue ilegal.

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