INVESTIGACIÓN POR DELITOS DE GENOCIDIO EN ESPAÑA

Concluye sumario del Tíbet

A la Sala Penal de la Audiencia Nacional compete interponer un recurso de inconstitucionalidad, tras la reforma de la justicia universal, o archivar el caso.

El juez español que investigaba a ex dirigentes chinos por presuntos delitos de genocidio y lesa humanidad en el Tíbet concluyó el sumario y dejó en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el futuro del caso.

Este tribunal debe decir si lo archiva o plantea un recurso de inconstitucionalidad, tras la reforma de la justicia universal en España.

Tras la reforma aprobada por el Parlamento en febrero de 2014, los jueces solo pueden investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada. Además, establece el archivo retroactivo de las causas abiertas por el principio de jurisdicción universal, que no se ajusten a esos criterios.

Según han dicho fuentes jurídicas, el juez instructor Ismael Moreno ha hecho caso al informe de la Fiscalía, que le pedía que concluyera el sumario para elevar las actuaciones a la Sala de lo Penal. La postura del Ministerio Público es la misma que en el caso del periodista español José Couso, muerto en Irak en 2003.

El pasado 10 de febrero, Moreno ordenó la busca y captura para su detención e ingreso en prisión incondicional de cinco ex líderes comunistas chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin, por delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad en relación a la represión en el Tíbet. Tras esta decisión, China expresó en varias ocasiones su “fuerte malestar” y su “firme oposición” a la decisión y su deseo de que el Gobierno resolviera “de forma apropiada” este asunto.

La querella por el supuesto genocidio en el Tíbet en los años 1980 y 1990 recayó en 2006 en el juez Moreno, quien el 11 de octubre de 2013 la amplió al ex presidente chino Hu Jintao.

Otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, y la Fiscalía del alto tribunal mostraron sus dudas sobre la constitucionalidad de la reforma de la justicia universal.

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