polémica en argentina

Congreso sanciona nueva ley de papel

La norma afecta directamente a la empresa Papel Prensa, cuyos accionistas mayoritarios son ´Clarín´ y ´La ´Nación´.

El Senado argentino aprobó la ley que declara de “interés público” la producción y comercialización de papel para diarios, rechazada por los principales medios impresos del país, además de convertir en normas el límite a la extranjerización de la tierra y la reforma al código penal sobre terrorismo y lavado de dinero del narcotráfico.

Con 41 votos a favor y 26 en contra, la cámara alta hizo ley el proyecto del Ejecutivo acerca de la fabricación y distribución del papel para diarios, fuertemente rechazada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), cámara que reúne a las empresas de periódicos.

La norma afecta directamente a la empresa Papel Prensa, cuyos accionistas mayoritarios son los diarios Clarín y La Nación. Papel Prensa es la única empresa de fabricación de ese insumo para periódicos del país y cubre 160 mil toneladas de las 220 mil que se consumen. Fue fundada en 1972 y adquirida durante la dictadura por los principales matutinos argentinos Clarín y La Nación, hecho que está siendo investigado por la justicia. El Gobierno intentó retomar el control de su pequeña participación accionaria en la empresa y envió al Congreso el proyecto que busca garantizar el acceso al papel y un precio igualitario para todos los periódicos argentinos.

Para Adepa, existe “un grave riesgo para la libertad de expresión” porque considera, según expresó el presidente de la entidad Carlos Jornet, que “hay que evitar un exceso del Estado y que use el papel como la publicidad oficial, de un modo discriminatorio, como premio para medios amigos y castigo para los críticos”.

En tanto, la ley que impone un límite del 15% a la tenencia de la tierra rural en manos de extranjeros fue aprobada por 62 votos y solo un senador se opuso, el salteño y exgobernador Juan Carlos Romero. Con esa votación se cerraron las sesiones extraordinarias a las que había llamado el Gobierno, una vez que con el cambio de legislatura el 10 de diciembre volvió a tener mayoría parlamentaria. Otras de las normas aprobadas en esta última sesión del año fueron las reformas al código penal sobre antiterrorismo y lavado de dinero, requeridas por el Grupo de Acción Financiera Internacional.

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