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DECLARAN CONSTITUCIONAL LEY DE MEDIOS EN ARGENTINA

Corte favorece a de Kirchner

El Grupo Clarín anunció que apelará el fallo de la Corte Suprema de Justicia ante instancias internacionales.

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La decisión de los magistrados de la Corte (seis a favor y uno en contra) fue dada a conocer ayer y de inmediato generó reacciones. AFP. La decisión de los magistrados de la Corte (seis a favor y uno en contra) fue dada a conocer ayer y de inmediato generó reacciones. AFP.
La decisión de los magistrados de la Corte (seis a favor y uno en contra) fue dada a conocer ayer y de inmediato generó reacciones. AFP.

La Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró ayer constitucional la ley de medios rechazada por el Grupo Clarín, en una batalla judicial con el Gobierno que empezó en 2009.

La Corte avaló cuatro artículos de la ley aprobada hace cuatro años, que fija límites a la tenencia de señales audiovisuales y que según Clarín atentan contra la libertad de expresión y su sustentabilidad económica.

El fallo, con votos divididos de los siete magistrados, se conoció dos días después de las elecciones legislativas en las que el oficialismo fue derrotado en los principales distritos del país, lo que fue leído como un debilitamiento del poder de la presidenta Cristina Fernández, defensora de la norma.

LA SENTENCIA

La Corte también avaló el artículo 41, que sujeta “la transferencia de licencias a la autorización estatal”; y el 48, uno de cuyos apartados dice que “el régimen de multiplicidad de licencias previsto en la ley no podrá alegarse como derecho adquirido frente a las normas generales que se establezcan por la presente o en el futuro”.

Finalmente, los jueces avalaron el artículo 161, que da un año de plazo a los grupos para desinvertir.

La Corte exigió al Gobierno “políticas transparentes en los subsidios y la publicidad oficial” y le advirtió que los “medios públicos no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno o una vía para eliminar voces disidentes”.

REACCIONES

Clarín se pronunció ayer mismo sobre el fallo y anunció que analiza apelar ante tribunales internacionales.

En un comunicado, el grupo afirmó que “respeta las decisiones judiciales”, pero insistió que la ley constituye “una clara afectación a la libertad de expresión”.

Reiteró que los artículos cuestionados contradicen principios de la Constitución argentina, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y recientes precedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.

Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social y cuñada de la Presidenta, escribió en Twitter: “es un avance gigantesco en nuestra democracia”, mientras que el titular de la autoridad de aplicación, Martín Sabbatela, afirmó que “está agotada la discusión sobre la constitucionalidad de la ley”.

En tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su respeto por la decisión de la Corte, pero reconoció discrepancias con el fallo.

“Respetamos la resolución de la Corte, pero no la compartimos, especialmente teniendo en cuenta el estado de la libertad de expresión en Argentina, deteriorado a raíz de permanentes ataques del Gobierno contra las voces críticas e independientes”, dijo el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo.

“Hay una hegemonía comunicacional en Argentina mediante los medios públicos estatales financiados por el Estado y al servicio del Gobierno. En total, son más del 80% de los medios audiovisuales. Eso configura un aparato de propaganda gigantesco”, dijo.

En medio del anuncio del fallo, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires suspendió ayer la cotización de las acciones del Grupo Clarín, que a esa hora caían 5.72%.

La situación del derecho a la libertad de expresión en Argentina será abordada en la CIDH este viernes.

El desacato y la intimación en Brasil

Activistas denunciaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el efecto “intimidatorio” que tiene en Brasil que el desacato y la difamación fijen penas de cárcel.

Paula Martins, presidenta de la organización Artículo 19, dijo que “el uso del derecho penal debe ser evitado” para regular el desacato y los delitos contra el honor, porque “tiene un enorme efecto inhibidor de la libertad de expresión”.

“Estos tipos penales están para defender la privacidad y reputación de las personas, pero en la práctica son usados como instrumentos políticos de intimidación”.

El representante de Brasil ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Breno de Souza, contestó: “no se puede afirmar que los parámetros interamericanos exigen la completa despenalización de los delitos como la honra”, pero admitió que el Senado analiza un proyecto que saca el desacato del código penal.

A su vez, el comisionado Felipe González dijo que la protección de la honra de los funcionarios “es otra forma de referirse al desacato conforme lo entiende el sistema interamericano de derechos humanos”, y por tanto debería limitarse al ámbito civil.

EFE. WASHINGTON. EU

SIP condena acoso a periodista Greenwald

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó ayer los actos de hostigamiento gubernamentales contra el periodista estadounidense Glenn Greenwald, principal contacto del exagente de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) Edward Snowden, asilado en Rusia.

“Apoyamos a Greenwald y a sus colegas periodistas para que ejerzan su actividad profesional sin acoso o intimidación”, señaló en un comunicado Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

En la Asamblea General efectuada la semana pasada en Denver, Colorado, la SIP supo de las “presiones ejercidas por gobiernos contra los ciudadanos para hacer, o aceptar, una falsa elección entre libertad de expresión y seguridad nacional”.

EFE. MIAMI, EU

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