SESIÓN DE la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Denuncian leyes restrictivas

El espionaje masivo, Guantánamo y las leyes para controlar los medios de comunicación y criminalizar la protesta social fueron los temas de la sesión de ayer.

Temas:

Entidades de la sociedad civil ecuatoriana reclamaron ayer lunes en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción en Ecuador de leyes y decretos que limitan la libertad de prensa y de asociación.

En especial, los representantes de diversas entidades criticaron la aplicación de la ley de comunicación y el alcance del polémico Decreto Ejecutivo 16, que regula el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil.

“La ley orgánica de comunicación, el Decreto 16 y el reglamento para el sistema unificado de información contienen graves violaciones a los derechos ciudadanos previstos en la Constitución de Ecuador”, dijo Carlos Castellanos, presidente de la federación de comerciantes minoristas.

De acuerdo con Castellanos, el alcance del Decreto 16 hace que organizaciones que no tengan sus reglamentos internos y estructura debidamente registrados “pasan a actuar fuera de la ley”.

Por su parte, los periodistas Miguel Rivadeneira y Jean Cano afirmaron ante la CIDH que la nueva ley de comunicación contempla la colocación de un funcionario oficial en cada órgano de prensa. Ese funcionario tiene facultad “para verificar los contenidos”, de acuerdo a Cano.

Por ello, las entidades sociales pidieron a la CIDH que realice una visita a Ecuador y que “elabore un informe especial sobre la situación de los derechos humanos y la democracia” en ese país. Además, pidieron a la CIDH que consulte a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre las restricciones a la actividad de la prensa y al derecho de asociación.

Sin embargo, la delegación del Estado de Ecuador no estuvo presente en la audiencia, y de esa forma los reclamos quedaron sin respuesta durante la sesión.

“En la mañana recibimos una comunicación oficial por la misión del Estado de Ecuador, informando a la CIDH que no participaría de la audiencia”, dijo a la prensa Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, al fin de la reunión.

La CIDH inició su 149º período de audiencias con fuertes cuestionamientos a Estados Unidos por denuncias de abusos contra detenidos en Guantánamo y por los casos de espionaje.

La comisión demandó al Gobierno de Estados Unidos explicaciones ante las denuncias de torturas y trato degradante a prisioneros en el centro de detención situado en la base naval de Guantánamo, para luego denunciar la falta de control sobre las actividades de la agencia estadounidense de inteligencia (NSA, en inglés), y la interceptación de comunicación de ciudadanos comunes, tanto en Estados Unidos como en el exterior.

En la sesión de ayer también hubo espacio para asociaciones de campesinos, indígenas y agrupaciones pro derechos civiles de Guatemala, que denunciaron la criminalización de las protestas sociales en el país centroamericano y reivindicaron el derecho a la consulta previa de las minorías.

Carlos Bezares, representante de la Asociación Ceiba, explicó ante los comisionados que el vacío legal que existe en Guatemala ante la consulta previa de los pueblos sobre las decisiones en sus propios territorios ha derivado en el país en un abuso de las competencias penales, llegando a acusar de terrorismo a los ciudadanos que ejecutan su derecho a la protesta.

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