VENEZUELA PRESENTA IV INFORME ANTE COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

‘Derecho a reunión no es absoluto’

La segunda parte de la sesión será hoy, con las respuestas del país y comentarios adicionales de miembros del Comité.
La fiscal Luisa Ortega (izq) confirma que al 24 de febrero, tras 12 días de protesta, había 13 muertos.XINHUA La fiscal Luisa Ortega (izq) confirma que al 24 de febrero, tras 12 días de protesta, había 13 muertos.XINHUA
La fiscal Luisa Ortega (izq) confirma que al 24 de febrero, tras 12 días de protesta, había 13 muertos.XINHUA

Una delegación oficial de Venezuela dijo ayer en el Comité de Derechos Humanos de la ONU que el derecho a la manifestación y reunión están garantizados por la Constitución y son respetados, aunque señaló que no se trata de un derecho absoluto porque debe ejercerse de forma pacífica.

Con un retraso de siete años, Venezuela presentó su cuarto informe periódico ante ese órgano de Naciones Unidas, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Con ese fin llegó a Ginebra una delegación oficial, de 30 de funcionarios de diversas áreas del Estado, incluidos magistrados del Poder Judicial, viceministros, asesores de ministerios y representantes del sistema electoral, de las Fuerzas Armadas y del Ministerio Público.

A la cabeza de la delegación estuvo la fiscal general, Luisa Ortega, quien señaló que si bien el derecho a la manifestación y reunión está consagrado en el ordenamiento jurídico, “está condicionado a que sea pacífico y sin armas”. “Si estas condiciones están ausentes, deja de ser un derecho”, recalcó.

Aseguró que “en Venezuela es cotidiano que se realicen manifestaciones públicas” y que el deber de la Policía es que no deriven “en la vulneración de los derechos de los demás”.

Ortega sostuvo que es en ese contexto que se debe entender “lo ocurrido en Venezuela en 2014”, en relación con las manifestaciones que terminaron en situaciones de violencia en las que murieron 40 personas.

La fiscal describió esos eventos como “una ofensiva violenta” dirigida a “deponer a las autoridades legítimas” y que no tenían “nada que ver con el derecho a manifestarse pacíficamente”. “Es insólito que algunos medios de comunicación, voceros políticos e incluso supuestos defensores de derechos humanos justifiquen estos horrorosos crímenes y califiquen a sus autores como pacíficos manifestantes”, agregó.

La fiscal aseguró que el Estado no avala que los policías atenten contra los derechos humanos y reportó que entre enero y mayo pasados se ha imputado a 152 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del Estado, se ha acusado a 110 y 53 han sido condenados.

Durante el segmento dedicado a las preguntas de los miembros del Comité, el experto Víctor Rodríguez cuestionó las leyes que han delegado en el Poder Ejecutivo la potestad de emitir decretos ley que crean tipos penales. Por otra parte, pidió a la delegación explicar “qué hará el Estado para que el Defensor del Pueblo sea elegido dentro de los estándares constitucionales”.

Rodríguez también aludió a informaciones que califican las cárceles de Venezuela entre “las más violentas de la región”, donde tienen lugar “conflictos entre poderes y autogobierno en algunas prisiones”.

A ese respecto, preguntó qué acciones se han tomado “para prevenir la violencia en las cárceles, ya que esto no se puede reducir a conflictos entre pandillas”.

Otro experto del Comité, Konstantine Vardzelashvili, se refirió a la delincuencia común que afecta a Venezuela, “con una tasa de homicidios muy altas, con algunas instituciones que hablan de 134 homicidios por cada 100 mil habitantes en Caracas”.

Por otra parte, lamentó que la Fiscalía no tenga estadísticas de casos de torturas por parte de agentes policiales, a pesar de la abundante información que han recopilado oenegés nacionales e internacionales.

El experto Olivier de Frouville elogió los avances sociales en Venezuela, pero al mismo tiempo dijo que se queda “boquiabierto cuando escucho sobre jueces detenidos y torturados”.

En ese sentido, señaló que el Gobierno “puede defender proyectos de justicia social evitando estos excesos que dan una muy mala imagen. Aunque un juez haga gala de hostilidad hacia el Estado, debe ser tratado con respecto”, recalcó.

LA SOCIEDAD RESPONDE

En tanto, 28 organizaciones sociales emitieron una Declaración Pública dirigida al organismo, en la que señalan que el Estado no ha cumplido con su obligación jurídica internacional de proteger los derechos civiles y políticos y que se siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos.

La nota, con fecha 29 de junio, y disponible en el sitio web del diario El Nacional, asegura que “persisten las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, tortura y otros malos tratos y detenciones arbitrarias; así como los ataques y hostigamiento contra periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y aquellos que son críticos de las autoridades”.

Agrega el documento que “el sistema de justicia carece de independencia e imparcialidad y es ineficiente, por lo tanto la inmensa mayoría de los casos queda en la impunidad y las víctimas no tienen acceso a la verdad y la justicia, ni a una reparación adecuada, además de ser con frecuencia hostigadas”.

Aseguran los firmantes que a pesar de que el Gobierno se comprometió en noviembre de 2014 ante el Comité contra la Tortura, de que ningún defensor o defensora sufriría represalias por entregar información al Comité, los ataques contra ellos van en aumento.

Por último, las organizaciones –entre las cuales se encuentran Amnistía Internacional, Cejil, Espacio Público, Foro Penal Venezolano, Human Rights Watch, Observatorio Venezolano de Prisiones y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas– exhortaron al Estado a garantizar los derechos humanos, “entablando un diálogo abierto y constructivo” con los organismos internacionales y regionales, abriéndose a su escrutinio y poniendo en práctica sus recomendaciones.

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