tareas pendientes en colombia

EU certifica logros en derechos humanos

El presidente Santos impulsó un nuevo Código Penal Militar y la designación de un nuevo fiscal general.

El gobierno estadounidense anunció ayer que ha “certificado” que el gobierno de Juan Manuel Santos cumple los criterios básicos en materia de derechos humanos y llamó a todos los actores políticos y sociales de Colombia a aprovechar la “oportunidad única” para enfrentar los desafíos que aún restan.

Según informó ayer el Departamento de Estado norteamericano en un comunicado, a finales de la pasada semana envió ya la “certificación” en materia de derechos humanos al Congreso, lo que permite el desembolso de los fondos estadounidenses destinados a ayudar a las fuerzas armadas colombianas previstos en el presupuesto de este año.

De acuerdo con la nota oficial, desde la asunción de Santos hace algo más de un año el gobierno colombiano ha dado varios “pasos importantes para mejorar el respeto de los derechos humanos tanto en el seno de las fuerzas armadas como en Colombia en general”.

Entre otros, el Departamento de Estado destacó la firma por Santos de un nuevo Código Penal Militar, la designación de un nuevo fiscal general, su apoyo a los esfuerzos para combatir la corrupción y para seguir desmantelando los grupos ilegales armados, entre otros.

Especial mención recibe la “histórica” firma de la Ley de Víctimas y Tierras que Santos firmó el pasado junio, así como su percepción de que el gobierno colombiano “mejoró significativamente el respeto y reconocimiento de los defensores de derechos humanos al eliminar los comentarios críticos de funcionarios del gobierno contra estos grupos”.

Aun así, el Departamento de Estado subrayó que “aún queda más por hacer” en materia de mejora de los derechos humanos.

Específicamente, señaló como un “problema importante” entre otros la continuación de las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos y llamó a mejorar tanto su protección como la investigación de las acciones en su contra, entre otros.

Instó a Bogotá a apoyar con “recursos apropiados y una clara voluntad política” las tareas de la fiscalía general de cara a los casos en materia de violaciones de los derechos humanos pendientes, “incluidas unos mil 500 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales”.

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