España entra a huelga general

Menos de 100 días después de asumir el poder en España, el conservador Mariano Rajoy se enfrentará hoy jueves a una huelga general, cuando el grueso de los recortes para reducir el déficit todavía está por llegar.

El paro de 24 horas, convocado por los sindicatos mayoritarios de izquierda, busca derogar la reciente reforma laboral que abarató considerablemente las condiciones de despido en un país que soporta un desempleo cercano a 23% y está al borde de su segunda recesión en cuatro años.

Además, el escenario de piquetes y manifestaciones callejeras amenaza con dar un nuevo dolor de cabeza al presidente del gobierno Rajoy, del Partido Popular, si vuelve a prender la llama de la “revolución de los indignados”, cuando está a punto de cumplirse el primer año de las protestas en las que miles de jóvenes tomaron las plazas de las principales ciudades del país.

A pesar del clima enrarecido por la crisis, se espera un seguimiento desigual, tal y como sucedió en la huelga del 29 de septiembre de 2010, entonces con los socialistas en el gobierno.

De hecho, 67% de los españoles se mostraron en contra de secundar el paro, según reveló una reciente encuesta de Metroscopia para el madrileño El País.

“El país no está para movilizaciones”, dijo el profesor del IESE Business School en Barcelona José Ramón Pin. “La gente reconoce que no hay más remedio que tomar medidas absolutamente austeras, porque sabe que el país está mal”, agregó.

Por su parte, los sindicatos convocantes Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras están convencidos de que la adhesión será significativa.

“Hay muchísimo más ambiente para la participación ciudadana con respecto a 2010 por la injusticia de la reforma laboral”, explicó ayer el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo.

El Gobierno aprobó en febrero una dura reforma laboral con la que espera sentar las bases para contener la hemorragia del desempleo. La nueva ley elimina la indemnización de 45 días por año trabajado y la sustituye por una de 33 días. Además el texto revisa la flexibilidad laboral y el llamado despido objetivo o procedente.

Para los sindicatos la nueva ley, ya en vigor aunque sujeta a modificaciones menores en el Parlamento, abre la puerta a despidos masivos, reducciones de salarios y la desprotección total del trabajador frente al empresario.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó ayer miércoles que en una “situación límite” como la que vive España, el “Gobierno está obligado a hacer reformas”.

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