DESAPARICIÓN DE ESTUDIANTES

Federales controlan Iguala

El alcalde José Abarca, quien antes de huir dijo que no supo de la balacera porque estaba en una fiesta con su esposa, habría ordenado reprimir a los estudiantes.
Estudiantes muestran fotografías de algunos de los desaparecidos. REUTERS. Estudiantes muestran fotografías de algunos de los desaparecidos. REUTERS.
Estudiantes muestran fotografías de algunos de los desaparecidos. REUTERS.

Fuerzas federales mexicanas patrullaban ayer la ciudad de Iguala, donde 43 estudiantes desaparecieron tras ser atacados por policías y narcotraficantes.

Mientras, decenas de agentes municipales que fueron desarmados abordaron autobuses vestidos de civil. Los trasladarían a una base militar para someterlos a controles de confianza y saber si son aptos para ejercer o tienen algún tipo de vínculo con la delincuencia organizada.

Sus mujeres rogaban para que regresen a casa bien, ya que aseguran que serán torturados. “Siempre han usado los golpes para que confiesen hasta lo que no es”, aseguró la nuera de uno de los agentes.

Otros 22 policías ya fueron detenidos y acusados de colaborar con sicarios del cartel Guerreros Unidos en los tiroteos a los estudiantes.

Once días después del crimen, la gran pregunta sigue en el aire: ¿por qué atacaron a los estudiantes?

El fiscal general desplegó a unos 30 investigadores, forenses y criminólogos para escudriñar el caso, que podría ser una de las peores masacres desde que el Gobierno lanzó una ofensiva militar contra el narcotráfico en 2006. Desde ese año han ocurrido unos 80 mil asesinatos y 22 mil desapariciones.

El diario El Universal, citando un reporte de los servicios de inteligencia, reportó que el prófugo alcalde de Iguala podría estar implicado, así como su esposa María de los Ángeles Pineda, presidenta local del instituto público de Desarrollo Integral de la Familia. El informe dice que Pineda “ordenó a su jefe de seguridad que le comunicara al director de Seguridad Pública municipal” repeler a los estudiantes, temiendo que interrumpieran un discurso que tenía previsto aquel 26 de septiembre.

Así, el director policial habría ordenado detener a los jóvenes y cuando estos bajaron de los autobuses los uniformados abrieron fuego, siempre según el parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

El Universal señala que el reporte acusa al alcalde y a su esposa de vínculos con el cartel de los Beltrán Leyva, del que algunos de sus integrantes se separaron hacia 2010 para crear Guerreros Unidos. Un oficial de la Fiscalía General se negó a confirmar la autenticidad del reporte, argumentando el secreto de la investigación.

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