paraguay. Matanza de curuguaty

Fiscalía acusa a 14 campesinos

Seis policías y 11 campesinos murieron el 15 de junio pasado durante una operación policial de desalojo.

La Fiscalía paraguaya presentó ayer acusación formal contra 14 campesinos, 2 de ellos menores de edad, como supuestos responsables de la matanza ocurrida hace 6 meses en una finca de Curuguaty, en el noreste del país, y que fue el detonante de la destitución del entonces presidente Fernando Lugo.

En rueda de prensa, el fiscal encargado, Jalil Rachid, informó que la mayoría está imputada por los delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble, entre ellos el presunto instigador, el líder campesino Rubén Villalba, según la agencia pública IP.

Rachid decidió también sobreseer el caso contra tres campesinos que habían sido acusados. Seis policías y 11 campesinos murieron el 15 de junio pasado durante una operación policial de desalojo de un grupo de “sin tierras” en una finca de Curuguaty, cuya propiedad se disputaban el Estado y el empresario y político colorado Blas N. Riquelme, recién fallecido.

Cuando los policías intentaban negociar la salida de los campesinos, se inició un tiroteo que devino en una tragedia desconocida en la larga lucha por la tierra en Paraguay.

Según Rachid, “el Ministerio Público está en condiciones de demostrar que estas personas iniciaron el fuego” y que los policías “estaban en desventaja” frente a los campesinos.

La mayoría de los acusados fueron detenidos inmediatamente después de lo hechos, pero Villalba huyó y fue arrestado a fines de septiembre.

El fiscal aseguró que la investigación paralela desarrollada por la defensa de los campesinos solo ayudó a “consolidar más la investigación de la Fiscalía”.

El equipo defensor de la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) ha intentado, sin éxito, que Rachid abra otras líneas de investigación o que fuera recusado por su “amistad manifiesta” con Riquelme, quien fue colega de partido y amigo del padre del fiscal.

Según la PEICC, la Fiscalía ha obviado investigar el empleo de armas automáticas durante el tiroteo.

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