sin mayoría en el senado

Fusiles de asalto, tema de conflicto

Quienes se oponen a la prohibición de los fusiles de asalto arguyen que se están violando derechos constitucionales.

La administración Obama no abandonará su objetivo de prohibir los fusiles de asalto en Estados Unidos, dijo ayer jueves el vicepresidente Joe Biden, en respuesta al anuncio del Senado de que esa medida de la reforma sobre control de armas no cuenta con apoyo suficiente.

“No voy a descansar y el presidente tampoco lo hará hasta que tengamos todas esas cosas”, afirmó Biden en Nueva York durante una conferencia de prensa con el alcalde de la ciudad, Michael Bloomberg, y padres de niños muertos en la tragedia de Newtown (Connecticut, noreste) del pasado 14 de diciembre.

Los representantes en el Senado del oficialista partido demócrata anunciaron el martes que abandonaban su lucha por prohibir las armas de asalto, una de las medidas faro del paquete de proyectos de ley presentados por el presidente Barack Obama después de la matanza de la escuela primaria Sandy Hook en la que fallecieron 20 niños y seis adultos.

La propuesta, que no cuenta con los votos suficientes en el Senado, tenía como objetivo prohibir en todo el país la fabricación, importación y venta de fusiles de asalto, similares al utilizado por Adam Lanza, el joven que perpetró la matanza y luego se quitó la vida.

“Tres meses atrás un hombre desequilibrado entró en la escuela primaria Sandy Hook con un arma de guerra. Esa arma de guerra no tiene lugar en las calles de Estados Unidos y sacarla de esas calles no tiene nada que ver con los derechos constitucionales de nadie”, señaló Biden, al defender la iniciativa.

Quienes se oponen a la prohibición de los fusiles de asalto argumentan que el Gobierno avasalla la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, que da el derecho a la posesión de armas.

Si la propuesta sobre los fusiles de asalto parece bloqueada, otras tres iniciativas parecen tener más asegurada su aprobación: la verificación de identidad y antecedentes penales en toda compra, incluidas aquellas que se realizan en ferias especializadas y en internet; la penalización de las adquisiciones de armas por parte de personas que no tienen permiso de posesión; y créditos para reforzar la seguridad en las escuelas.

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