ENTREVISTA CON LILIANA ORTEGA

´Gobierno de Maduro actúa como el de Pérez

Cofavic y Provea advierten que prácticas represivas vistas en el pasado se aplican ahora con total impunidad.
A juicio de Marino Alvarado, director de Provea, la represión se aplica actualmente en Venezuela como política de Estado. REUTERS/Christian Veron. A juicio de Marino Alvarado, director de Provea, la represión se aplica actualmente en Venezuela como política de Estado. REUTERS/Christian Veron.
A juicio de Marino Alvarado, director de Provea, la represión se aplica actualmente en Venezuela como política de Estado. REUTERS/Christian Veron.

Liliana Ortega, directora ejecutiva del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), afirmó que no se puede comparar los sucesos de 1989 con las protestas que se iniciaron el 12 de febrero pasado en términos de fallecidos y de la devastación ocasionada por los hechos violentos.

Sin embargo, aseguró que hay prácticas ocurridas en el pasado que debieron haber sido superadas, pero que se han acentuado.

“La misma respuesta que tuvo el gobierno de Carlos Andrés Pérez con respecto al Caracazo, la ha tenido el gobierno de Maduro con las manifestaciones. Se ha criminalizado a las víctimas, se han desconocido violaciones graves a los derechos humanos y se han minimizado los hechos”, explicó.

De acuerdo con cifras del Foro Penal Venezolano, desde el 12 de febrero hasta el lunes pasado habían sido detenidas en el país 2 mil 500 personas, de las cuales mil 406 tienen medidas cautelares y 106 están privadas de libertad.

“Si se puede establecer alguna referencia de estos hechos con los del Caracazo, guardando las distancias, se puede hablar que, de 650 personas que fueron detenidas en 1989, al menos 95% quedó en libertad plena. Al contrario de este momento, cuando hay tres veces más detenidos que en la revuelta popular de inicios del gobierno de Pérez. Ahora hay una gran cantidad de personas que no tienen libertad completa. Hoy hay una crisis de derechos humanos en el país”, dijo.

Política del miedo

Por su parte, el director del Programa Venezolano de Educación - Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, denunció que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha asumido la política de la seguridad nacional, común en los regímenes dictatoriales del cono Sur, como política de Estado.

“No se puede decir que la represión es solo una estrategia del gobierno, es una política de Estado, porque se utiliza toda la estructura judicial y política para criminalizar a los que protestan”, precisó.

El experto en derechos humanos detalló que la característica de esta política es colocar la seguridad del Estado sobre la seguridad ciudadana. “Todos son sospechosos, esa es la forma de aplicar la justicia a través de la doctrina de la seguridad nacional”, dijo.

Alvarado advirtió sobre prácticas que no se habían visto en los últimos tiempos. “Hubo un abogado que fue detenido cuando estaba ejerciendo sus oficios de defensa; recientemente hubo menores de edad que no solo fueron detenidos, sino presentados ante tribunales; y está la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que criminaliza la protesta. Esto es un mensaje desde el gobierno para atemorizar a todos los sectores: a los abogados que defienden a los manifestantes, a los estudiantes de educación media y a todo el que se quiera quejar. Esto es la instauración de una política del miedo”, señaló.

Agregó que el miedo es un mecanismo de control para mantener a raya el descontento social. “Pero eso va a fracasar. Históricamente, se ha visto que cuando un gobierno restringe los derechos de los ciudadanos a quejarse, a legítimamente de demostrar su descontento, el mismo gobierno estimula las protesta violentas, porque la gente se ve ahogada”, puntualizó.

Brutalidad endógena

Ortega, quien tiene más de 25 años en le estudio de los derechos humanos, aseguró que los excesos de los organismos de seguridad en el orden público son comunes. “En Latinoamérica hay una brutalidad policial endógena. Esto se debe a la poca capacitación de los organismos de seguridad, de las estructuras educativas para formar a los funcionarios. Sin embargo, en el país esto está tomando niveles muy preocupantes. No solo se victimiza a las fuerzas de seguridad, también se les premia sin contar los grandes atropellos a los ciudadanos. Esto crea una sensación de desamparo en la gente que no ve justicia ante los excesos”, indicó.

Además, Consideró grave la actitud del gobierno al utilizar víctimas con un cariz político. “No puede ser aceptado que el gobierno solo defienda a los agraviados que simpatizan con ellos políticamente. Todas las víctimas son importantes”, concluyó.

>>> Protestar no es delito

El Colegio de Abogados de Caracas afirmó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tomó atribuciones que no le competen al reescribir la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones y calificar de delito que no se solicite autorización para protestar.

“Solo en regímenes totalitarios los jueces se atreven a derogar y a violentar derechos humanos, desaplicar artículos de la Constitución y de los convenios y tratados de derechos humanos; tergiversar la ley, legislar sin competencia para ello, crear delitos penales en contra del principio de la reserva legal”, dice un comunicado divulgado el lunes por el colegio.

Por su parte, la ONG Un Mundo sin Mordaza criticó que la Sala Constitucional exprese que la protesta no es un derecho absoluto. “Al tomar esta decisión, el Tribunal Supremo de Justicia está desligándose de sus funciones principales, las cuales le dan la potestad de interpretar una ley, mas no le permiten penalizar hechos que no estén previamente estipulados en el Código Penal Venezolano”, indicó a través de un escrito.

EL NACIONAL

CIFRASDE INTERÉS

2,500

Personas han sido detenidas desde el 12F

1,406

Arrestados quedaron libres con medidas cautelares

106

Ciudadanos fueron imputados y están presos

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