medición de fuerzas entre poder ejecutivo y grupo clarín

Gobierno argentino aprieta

Una ley que, según algunos, busca pluralidad de información, es vista también como un ataque a la libertad de expresión.

choque de fuerzas. La presidenta Cristina Fernández no se pronunció ayer sobre la apelación presentada. EFE/Antonio Lacerda choque de fuerzas. La presidenta Cristina Fernández no se pronunció ayer sobre la apelación presentada. EFE/Antonio Lacerda
choque de fuerzas. La presidenta Cristina Fernández no se pronunció ayer sobre la apelación presentada. EFE/Antonio Lacerda

El Gobierno argentino apeló ayer viernes ante la Corte Suprema de Justicia el fallo de un tribunal que benefició al Grupo Clarín al extender la medida cautelar que evita que el multimedios tenga que desinvertir en el mercado audiovisual.

La Cámara en lo Civil y Comercial Federal prorrogó el jueves una medida cautelar conseguida tiempo atrás por Clarín, el mayor conglomerado de medios de Argentina, que había suspendido la aplicación de dos artículos de la ley de medios de 2009 que lo obligaban a desprenderse de licencias de señales audiovisuales para reducir su tamaño.

En un duro ataque a la decisión judicial, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, dijo que “terminamos de confirmar que la Cámara es el brazo jurídico del grupo ilegal”, aludiendo así a Clarín en sus declaraciones a la agencia oficial de noticias Télam.

En tanto, el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, calificó como “una mafia” a los jueces que integran la Cámara en lo Civil y Comercial y tildó de “bochorno” el fallo en entrevista con radio La Red.

La Cámara prorrogó la medida cautelar hasta que haya sentencia definitiva sobre la supuesta inconstitucionalidad de los dos artículos que rechaza Clarín, cuestión que desde hace unos días está siendo analizada por un juez de primera instancia.

En su presentación ante la Corte Suprema, el Ejecutivo pidió la suspensión inmediata de lo resuelto por la Cámara y la posterior declaración de nulidad de la prórroga de la cautelar. El Gobierno interpuso un “recurso extraordinario por salto de instancia” invocando la modificación del artículo 257 del Código Procesal, que estableció el per saltum como instancia para acelerar los tiempos de resolución de una medida, indicaron medios de prensa.

El gobierno de la presidenta Cristina Fernández había establecido la medianoche del viernes 7 de diciembre como último plazo para que Clarín y todas las empresas periodísticas que se excedan en licencias de señales audiovisuales –según los límites establecidos por la ley de medios– presentaran un plan para desprenderse de esas inversiones.

Clarín sostiene que la verdadera intención de la ley de medios es desguazar al grupo, atentar contra la libertad de prensa y alentar la creación de un bloque de medios complacientes con el Gobierno.

Fernández no hizo declaraciones sobre el adverso fallo judicial. Ayer estaba en Brasilia, participando de la Cumbre de Mercosur.

Por otro lado, siguen en pie los planes del Gobierno de realizar mañana domingo un festival musical al que se había convocado originalmente para celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos, así como los cinco años en el poder de la Presidenta. En los últimos días la convocatoria ha tomado los tintes de una manifestación progubernamental y de rechazo a Clarín.


COMUNICADO DE LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA

Después de haber escuchado en las últimas 48 horas a más de 50 personas con conocimiento de causa sobre el estado de la libertad de expresión en Argentina (periodistas independientes o críticos y periodistas alineados con el gobierno, referentes de la cultura, hombres de Derecho, congresistas y editores de los periódicos socios de la Sociedad Interamericana de Prensa), una misión internacional de la SIP constituida en Buenos Aires concluyó que continúa habiendo graves inconvenientes para el ejercicio libre del periodismo en el país. 

Desde la noche del miércoles 5 hasta la tarde del viernes 7, una delegación de la SIP permaneció en la capital argentina a pedido de algunos de sus socios y en cumplimiento de una resolución aprobada por la última Asamblea General realizada en San Pablo (Brasil), para evaluar in situ el estado de la libertad de expresión en Argentina.

La misión fue presidida por Claudio Paolillo (presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del semanario uruguayo Búsqueda) e integrada por Elizabeth Ballantine (vicepresidenta primera de la SIP, The Durango Herald, Colorado, Estados Unidos), Fernán Molinos (vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, La Prensa, Panamá), Miguel Henrique Otero (presidente de la Comisión de Finanzas de la SIP, El Nacional, Caracas, Venezuela), Alejandro Miró Quesada (ex presidente de la SIP, Cosas, Lima, Perú), Marco Zileri (vicepresidente regional para Perú de la Comisión de Libertad de Prensa e Informacion, Caretas, Lima, Perú), Ed McCullough (miembro de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Associated Press, Estados Unidos), Alexandre Jobim (director del Comité Jurídico de la Associacao Nacional de Jornais de Brasil, Grupo RBS, Porto Alegre, Brasil) y Julio Muñoz (director ejecutivo de la SIP). 

La misión observó que en Argentina la crítica no está criminalizada penalmente, pero el gobierno se ocupa de desacreditarla socialmente desde el poder, mediante el hostigamiento constante hacia medios y periodistas críticos, algunos de los cuales son mencionados explícitamente por la presidenta de la Nación en cadenas de radio y televisión. 

La publicidad oficial continúa siendo distribuida para favorecer, en general, a los medios "amigos" y castigar a los que el gobierno ve como "enemigos", con dinero que es propiedad de todos los ciudadanos argentinos. 

La delegación de la SIP recibió informes sumamente inquietantes de periodistas críticos sobre el futuro de la libertad de expresión en la Argentina. Algunos de ellos mencionaron lo que llamaron "pecados pasados" del Grupo Clarín (en particular, su alianza con el ex presidente Kirchner durante todo su gobierno, 2003/2007) y manifestaron agravios respecto a ese grupo empresarial, pero advirtieron que en este momento lo que está en juego sobrepasa los intereses económicos y empresariales del Grupo. Lo que está en juego -dijeron- es la vigencia de la libertad de expresión en el país. Ellos argumentaron que si el gobierno avanza sobre ese Grupo -hoy por hoy, casi el único donde en el nivel audiovisual es posible criticar al gobierno (una de las funciones básicas del periodismo en cualquier democracia)- y lo desmembra, los argentinos quedarían rehenes de "el relato" oficial porque -estiman- el gobierno daría de oficio a sus "amigos" los medios que eventualmente le quite a Clarín. 

La delegación de la SIP escuchó similares comentarios de políticos opositores, intelectuales independientes o críticos y, también, de muchos de sus socios. Algunos de ellos manifestaron su acuerdo con la intención inicial y aún con la letra de la llamada "ley de medios" pero advirtieron que el gobierno está haciendo una "aplicación selectiva" de esa norma. "Lo único que interesa al oficialismo es desahuciar al Grupo Clarín", repitieron concretamente al menos tres personas con las que la misión pudo conversar. 

En particular, llamó la atención de la delegación de la SIP la explicitud de las presiones del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial para incidir en el nombramiento de los jueces que entienden en la causa entablada por el Grupo Clarín, que ha recurrido dos artículos de la "ley de medios" ante la Justicia por considerarlos inconstitucionales. La Justicia aún no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión (si esas dos normas respetan o violan la Constitución). Pero un día antes de que se renovara una medida cautelar que había dispuesto la Justicia ante el reclamo del Grupo Clarín, el Poder Ejecutivo anunció que no esperaría el fallo judicial de fondo y que pondría en práctica la ley para este grupo mediático, más allá de cuál sea al final el pronunciamiento del único poder del Estado habilitado para definir en la delicada cuestión. La presidenta Fernández de Kirchner, refiriéndose inequívocamente al Grupo Clarín, anunció hace semanas que el 7 de diciembre se acabaría lo que llamó "la cadena del temor y del desánimo". El vicepresidente Amado Boudou dijo a su vez en octubre durante un programa del canal estatal de televisión que "la ley de medios va a terminar con el cepo cultural que imponía el Grupo Clarín".

La delegación de la SIP recibió un documento que demuestra la gravedad de la situación en el plano institucional. El 27 de noviembre, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que tenía a su cargo pronunciarse sobre la prórroga o no de la medida cautelar pedida por el Grupo Clarín, envió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un oficio, aprobado por la unanimidad de sus miembros, donde acusó al Poder Ejecutivo de afectar su "independencia", a partir de una nota que recibieron del ministro de Justicia, Julio Alak, en la que "instruye" a los jueces qué hacer. Según el documento, al comentar esa carta en el Acuerdo Plenario del 19 de noviembre, la jueza Graciela Medina dijo que la nota del ministro Alak "es manifiestamente improcedente e inaceptable para cualquier tribunal de justicia" porque "todo tribunal sabe bien lo que tiene que hacer sin necesidad que nadie se lo recuerde". A su turno, el juez Ricardo Recondo manifestó que "en el contexto de los hechos ocurridos" es preciso considerar la carta del ministro Alak pues "afecta a la independencia del fuero". La Corte Suprema de la Nación emitió esta semana una declaración apoyando a los jueces presionados por el Poder Ejecutivo. 

Una de las personas que conversó con la misión de la SIP dijo que los jueces son objeto de "una persecución feroz, al mejor estilo fascista" porque integrantes de la Administración avanzan sobre "asuntos personales" de los magistrados, hay "ataques a sus familias" y "seguimientos de los servicios de inteligencia" en procura de amedrentarlos. Estas presiones públicas y privadas del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial perturbaron muy especialmente a la delegación de la SIP por su proyección institucional.

La delegación de la SIP recuerda que siempre ha sido posición de la organización rechazar las hegemonías comunicacionales, tanto si éstas ocurren en el sector privado como si se verifican en el sector público. Y, si bien se opone a los monopolios u oligopolios privados porque afectan la libertad de expresión, con más fuerza se opone a los monopolios u oligopolios estatales, porque éstos conducen al totalitarismo. 

La misión de la SIP confía en la administración de justicia argentina y en que los jueces decidan en favor de las libertades y de las garantías fundamentales de los individuos. 

La delegación de la SIP procuró conversar también con los principales referentes del gobierno, pero sus intentos fueron vanos. No obstante, es abundante el material que en los últimos meses ha producido el Poder Ejecutivo en la materia, por lo cual la misión cree estar razonablemente informada respecto a los puntos de vista de la presidenta Fernández de Kirchner y de sus principales colaboradores. 

Esta no es la primera vez que la SIP envía una misión a la Argentina. Con el mismo propósito que la actual, en agosto de 1978 delegados de la SIP se entrevistaron a cara descubierta con numerosas personas y no sólo denunciaron el terrorismo de estado que el gobierno de entonces aplicaba contra disidentes y periodistas, sino que también criticaron a la mayoría de los socios argentinos de la SIP que, en aquel momento, fallaron a la hora de difundir la ola de violencia desatada por la dictadura militar, que incluyó torturas, asesinatos y desapariciones de periodistas, entre otros miles de ciudadanos. 

En aquel año, cuando la represión arreciaba y muchos daban vuelta la cara o asumian una actitud de comoda complicidad, y se desconocía aún la magnitud de la carnicería que estaba perpetrando la dictadura, la SIP dijo que la libertad de prensa estaba prácticamente suprimida en todo el territorio argentino y que unos pocos periodistas, entre ellos el ex presidente de la SIP Robert Cox, entonces director del diario The Buenos Aires Herald, se atrevieron a desafiar el cerrojo de censura impuesto por los jefes militares que mandaban en el país. La SIP, junto con Amnesty International, fueron los dos únicos organismos de relevancia internacional que, en aquel tiempo de plomo, puso de manifiesto la barbarie que se daba en la Argentina. La SIP siente un particular orgullo por haber defendido la libertad de prensa y expresión en este país en uno de sus momentos históricos más aciagos.

Desde el año 2003, cuando el ex presidente Néstor Kirchner llegó al poder, la SIP destaco, antes de la actual, dos misiones de delegados ante denuncias recibidas que mencionaban una conducta de sistemática agresividad del gobierno contra periodistas y medios de comunicación. La primera de ellas fue en 2005, dos años antes de que, para sorpresa de algunos, el presidente Kirchner autorizara de puño y letra negocios que ampliaron el espectro de cobertura del Grupo Clarín. Aquella misión de la SIP fue denostada por el presidente Kirchner en persona y criticada por los medios alineados con su gobierno, entre ellos alguno muy notorio hoy por su consecuente oficialismo y otrora por contar entre sus accionistas a principales del Grupo Clarín o al propio grupo. La misión concluyó que ya entonces se respiraba un aire enrarecido en materia de libertad de expresión, algo en lo que coincidían totalmente algunos periodistas que hoy se han transformado prácticamente en voceros oficiosos del tercer gobierno kirchnerista.

En 2011 llegó una segunda misión. Ya habían pasado seis años de "aprietes", denuestos y "juicios populares" contra periodistas promovidos desde el poder, distribución arbitraria de la publicidad oficial, amedrentamientos contra medios y periodistas utilizando para ello a los organismos fiscales del Estado, interceptaciones de conversaciones telefónicas y aun de correos privados de periodistas por parte de agentes del Estado, y la construcción, lenta pero sistemática, de una suerte de pulpo mediático que, mediante el empleo abusivo de los medios públicos y la disposición de algunos empresarios privados fuertemente vinculados con el poder, transmite desde entonces en "falsa cadena" lo que se ha dado en llamar "el relato" del gobierno. La SIP denunció entonces el clima hostil en el cual se desenvolvía el periodismo crítico o independiente. La llamada "ley de medios" ya había sido aprobada por el Congreso de la Nación, con votos del oficialismo y también de algunos sectores de la oposición. Pero para entonces se había hecho evidente que, con la loable intención -que la SIP comparte- de habilitar una mayor pluralidad de voces y evitar las concentraciones desmedidas de medios en pocas manos, la política menor había traicionado ese sano propósito y la "ley de medios" se había transformado en el instrumento utilizado por el gobierno para acabar con su nuevo peor enemigo: el Grupo Clarín.

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